El 11 de septiembre, el prefecto de
Pando, Leopoldo Fernández, mandó a masacrar a campesinos –cayendo más de 15– en
la comunidad de El Porvenir que se dirigían a una reunión para tomar decisiones
en defensa de la democracia e intentó nombrar autoridades de facto en ese
departamento, sustituyendo las designadas por el gobierno.
ABRAHAM SAHUA |
mympolitikon BOLIVIA
abrahamsahua@gmail.com
En Bolivia, el primer intento de Golpe de
Estado del siglo XXI fue puesto en escena por la clase política conservadora
desplazada para hacerse de nuevo del poder. Para este fin, no escatimó medios, recurrió
a todo, aún el arrogarse de privar la vida a cuanto se le ponga en frente.
La cosa comenzó cuando el presidente Evo
Morales (2006-2009) había logrado medidas transformadoras que de inmediato
encontró dura resistencia en cuatro prefectos –acérrimos detractores a su
gobierno–, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que para
poner freno, organizaron una escalada de acontecimientos el año 2008,
considerado como “golpe cívico-prefectural”, para luego desmembrar Bolivia en
dos: en la “Nación Camba” y en el “Alto Perú” (ver foto de portada). Pero tal
propósito, nunca prospero por la reacción oportuna del gobierno.
1.
Inicio de la escalada de conflictos.
Los prefectos opositores, el 14 de
agosto, decidieron impedir la llegada a distintos aeropuertos de algunas
ciudades –Pando en el norte, Beni en el noreste, Santa Cruz en el oriente y Tarija
en el sur– a las autoridades legal y legítimamente constituidos del país,
promoviendo grupos de choque, junto con sectores cívicos y fuerzas políticas
fascistas.
Estas autoridades regionales,
posteriormente, se sobrepusieron al Congreso de la República y a la
Constitución Política del Estado, convocando a elecciones de consejeros en los
departamentos. “Esta atribución presidencial y del Congreso fue arrebatada por
estas autoridades regionales, con lo que, en ese mismo instante, pusieron en
marcha un golpe de Estado, pero ya no militar, ya no con la participación de
las Fuerzas Armadas —hoy fi eles al Presidente, a la democracia y a la
Constitución Política del Estado—, sino un golpe de Estado con núcleos
fascistas, grupos de choque que comenzaron a desconocer, mediante las
autoridades departamentales, el legítimo y constitucional gobierno de la
República.”[1]
El 16 de agosto, en Santa Cruz se puso en
marcha el ataque al Comando Departamental de la Policía. Se intentó tomar la
Policía departamental, para que a partir de su control se armen grupos de
choque fascistas para salir a atemorizar al resto del pueblo cruceño.
Los prefectos de los departamentos de Tarija, Beni, pando y Santa Cruz, el 17 de agosto, junto con los Comités Cívicos, convocaron a un paro cívico para paralizar la totalidad de la actividad económica y social el 19 de agosto.
Ya para el 22 de agosto, los cívicos,
con apoyo de algunos prefectos, pasaron de la presión política a la guerra
económica. Pues convocaron a un bloqueo de caminos y carreteras en los ingresos
de los cuatro departamentos. Con esta convocatoria, hubo un desabastecimiento
general de alimentos en el pueblo cruceño y en el resto de los otros cinco
departamentos.
“Un líder cívico del departamento del
Beni advirtió y convocó a una sublevación armada en contra del gobierno
constitucional legalmente establecido. A su vez, el presidente del Comité
Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, planteó que ya no era suficiente la
autonomía sino que hay que pasar al federalismo, como una forma de impedir que
el gobierno nacional pueda ejercer su legítimo y constitucional control sobre las
funciones del Estado en el departamento de Santa Cruz.” (A. Linera, 2008: 13)
2. La estrategia de cívicos y prefectos.
Los prefectos de Tarija, Pando, Santa
Cruz y Beni, el 28 de agosto, se reunieron con los presidentes de sus Comités
Cívicos y ese día se decidió acciones de fuerza de manera escalonada en los
cuatro departamentos, en contra del Estado boliviano, del gobierno y las
instituciones. Se armaron grupos de acción en núcleos especiales para iniciar
acciones delincuenciales y se repartió dinero para que funcionen esos grupos.
El 31 de agosto, comienza el bloqueo
de caminos en Santa Cruz, Tarija y Beni, y un paro indefinido en los cuatro
departamentos. Se bloqueó el acceso de gasolina y diésel para asfixiar
económicamente a las ciudades.
Otra de sus estrategias fue accionada
el 1 de septiembre por los prefectos, quienes anuncian desconocimiento a la
convocatoria presidencial del Referéndum Constitucional para aprobar la nueva
Constitución Política del Estado. Las Cortes Electorales Departamentales de los
cuatro departamentos, desconocieron a la autoridad y a la decisión legal del
Presidente de la República, por presión y decisión de sus prefectos
Por su lado, los Comités Cívicos del
Chaco decidieron bloquear y amenazaron con hacer explosionar las instalaciones
de gas y petróleo que se encuentran fundamentalmente en esta zona.
Y el 3 de septiembre, las
federaciones de ganaderos de Santa Cruz y Beni, anunciaron no proveer carne a
los departamentos del occidente, con el que se inicia una especulación de
precios en los alimentos fundamentales de la canasta familiar.
El 8 de septiembre, se bloqueó el
acceso a las instalaciones petroleras en los cuatro departamentos.
El inició de ataque generalizado a
instituciones del Estado boliviano se la realizó el 9 de septiembre. En Santa Cruz, al Canal 7 y la Red
Patria Nueva (radio), ambos estatales; los quemaron. También se quemó el
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se atacó resguardos policiales y
militares, se desarmó a efectivos y se les quitó material antidisturbios y
armas de fuego. Asimismo, se tomó el control de los aeropuertos para impedir
que el gobierno y las autoridades encargadas de restablecer el orden, puedan
aterrizar. Y en el resto del país se atacó a unas 75 instituciones del Estado
que tienen que ver con comunicación, tierra, recursos naturales, información y
administración del Estado.
Al día siguiente, se atacó y ocupó
instalaciones petroleras y gasíferas controladas por las Fuerzas Armadas. Se
cerró válvulas de gas y petróleo y se hizo explosionar una válvula de gas que
abastecía el mercado de Argentina y Brasil, en más de 30 años de exportación de
gas bolivianos a países hermanos
Y el 11 de septiembre, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, mandó a
masacrar a campesinos –cayendo más de 15– en la comunidad de El Porvenir que se
dirigían a una reunión para tomar decisiones en defensa de la democracia e
intentó nombrar autoridades de facto en ese departamento, sustituyendo las
designadas por el gobierno.
3. Desactivación del
golpe.
Dos reacciones
inmediatas fueron los que desactivaron el intento de golpe.
En primera
instancia, el Gobierno, frente a la frontal decisión de sus opositores de
acabar con su régimen, tuvo que tomar acciones de hechos contundentes.
Por su lado, el
pilar que sostiene al “proceso de cambio” –que lidera el presidente Evo Morales–,
los movimientos sociales, también se pusieron en pie de alerta, con
movilizaciones masivas.
En consecuencia, según A. García (2008), cuatro factores fueron los que impidieron la intentona
golpista de cívicos y prefectos opositores al gobierno de Evo Morales:
1)
Expulsión
al embajador de EE.UU., Philip Goldberg, el 9 de septiembre.
2)
Gobierno
declara estado de sitio en Pando, para frenar la masacre de campesinos, el 12 de septiembre.
3)
Se
activa la movilización de las organizaciones sociales del país parea defender
la Constitución y la democracia.
4)
La
reacción inmediata de la comunidad internacional. Los países miembros de la
Unión de Naciones del Sur (UNASUR) se pronunciaron a favor de la democracia y
el gobierno constitucional legalmente establecido y repudio al “golpe cívico
prefectural”.
[1] Álvaro García Linera, Cómo se derrotó al golpismo Cívico-Prefectural, Bolivia, Ed.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2008, 4º ed., p. 12.
No hay comentarios:
Publicar un comentario