“Vivimos en un país donde los políticos usan estrategias. Pareciera que ellos creen que el pueblo es tonto. (Y las…) estrategias de los políticos no siempre son sanas”, expresó Bonifacio Aramayo, profesor rural.
El Decreto Supremo N° 21060 fue la madre gestante del neoliberalismo en Bolivia. Su puesta en marcha implicó megacoaliciones, corrupción, ascenso del narcotráfico, venta de las empresas estratégicas del Estado a manos extranjeras, externalización del excedente económico y un masivo despido de trabajadores.
Fue el presidente Víctor Paz Estenssoro (MNR) quien, al inicio de su gobierno, echó andar dicha norma para enfrentar la galopante hiperinflación en la economía que, según el INE, llegó de 123 por ciento en 1982 a 8.767 por ciento a 1985.
Relocalización
De entre las medidas que activó con el decreto el reciente mandatario Paz, “con picardía criolla –de acuerdo a René González (1999: 139-140)–, para confundir a la opinión pública, haciéndole creer que daría otro destino laboral a los 30.000 obreros cesantes”, ha sido la “re-localización”, que en su justa dimensión lexical significa reacomodo de fuente de trabajo, pero la autoridad utilizó este artilugio semántico como una coartada para despedir a obreros de los establecimientos mineros y fabriles.
“Mi padre fue relocalizado, lo despiden, y de alguna forma influía en mi familia en la parte económica. Yo me entero por los medios de comunicación: ‘Un gobierno dice que tiene que relocalizar’. Que incluso maneja un mal concepto de relocalizar, que significa llevar de un trabajo a otro trabajo, y no ha pasado eso; esto ha sido manipulado”, recuerda con pesar Rómulo Torres, vecino de la ciudad de El Alto.
De la misma forma, para Bonifacio Aramayo, profesor rural, “el término de relocalización (fue) totalmente inapropiada o inadecuada. ¿Porque qué es relocalizar? –reflexiona–. Es cambiar de un lugar a otro. Pero no le aplicaron un su verdadero concepto de la palabra. Con ese nombre los desemplearon, los votaron a las calles –a los trabajadores–. En realidad, relocalizar es cambiar de un lugar a otro; por eso dice localizar; pero ese concepto lo mal utilizaron”.
En realidad, ése fue el espíritu del DS 21060: un proyecto relocalizador y enajenador de las empresas estratégicas del Estado a manos de las multinacionales, que desde la década de los años 80 del siglo XX hasta su crisis en la primera década del siglo XXI, se había constituido en el modelo hegemón del planeta, dictando la liberación de las fuerzas del mercado y la disminución del control estatal del sistema de precios, haciendo que la absoluta ventaja sea para la empresa privada extranjera, ni siquiera nacional.
La peor parte se llevó la clase obrera. Dos consecuencias lapidarias, al respecto: bajo nivel salarial y desempleo. Ambas situaciones provocaron la emergencia de la economía informal en las principales ciudades del país, generando gran cantidad de mercaderes callejeros, trabajadores por cuenta propia, útiles sólo para engrosar los datos estadísticos.
Puesto en vigencia el decreto enajenador, a la mitad de los años ochenta, Julio Pastor “trabajaba en un hotel, y lastimosamente los empresarios, de alguna manera, hacían lo que les daba la gana, porque no pagaban lo justo; pues siempre lo amenazaban al empleado, ya que había mucha gente desempleada. No podíamos reclamar nada. ¿Qué decían ellos?: ‘Que si estás en desacuerdo trabajar en este hotel, puedes irte, las puertas están abiertas, hay gente que quiere trabajar hasta por comida’. Son situaciones que yo pasé”, cuenta el gremialista.
Objetivo del Decreto
El dar vida al Decreto Supremo 21060 ha significado reducir el déficit fiscal, congelando salarios, subir precios a los carburantes, reducir los gastos del Estado, libre contratación, relocalizar (despido) trabajadores, habilitar el bolsín para la venta libre de dólares, reponer el peso boliviano y eliminar el peso, liberar el mercado y establecer precios determinados, reforma tributaria y establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y fomento a las exportaciones. (Sanjinés, Ibíd.)
Estas medidas tomadas por el gobierno, según el dirigente Reinaldo Montaño, “jamás favoreció al pueblo boliviano, y fue un fracaso para los trabajadores” porque “significó el cierre de las minas, de las fábricas, de las empresas nacionales”, por tanto, masivo despido de obreros.
“Ha sido un decreto en contra del pueblo –continúa Montaño–. De ninguna manera ha sido favorable para los trabajadores, para los mineros, para los fabriles. Ha sido un decreto, ni siquiera ley, en contra del pueblo.”
Es de la misma impresión Bernardo Suxo Gutiérrez, constructor: el “decreto ha traído más desocupación”, por la que “mucha gente se ha visto en las calles”. Es que “con este decreto ha habido la libre contratación; o sea, quien contrata quiere pagar a su gusto y no al valor del sacrificio que trabaja el obrero”. Por lo tanto, no hubo “estabilidad laboral en las empresas o dentro de algunas empresas constructoras”.
Sin embargo, para el profesor urbano Eusebio Mamani, el Decreto “ha tenido cosas buenas y cosas malas”. En lo positivo, señala que “en esa época ha sido más que todo para frenar la hiperinflación económica de los años 1983, 84, 85. Había una fluctuación de precios, una inflación. Entonces, como salvador presentó el presidente Víctor Paz Estensoro el 21060, la cual tenía unos efectos positivos en cuanto lo que es la paralización de la inflación. Y “la cosa negativa ha sido el despido –de los obreros de sus fuentes de trabajo–, el libre mercado”, que ha sido “perjudicial para el pequeño productor”.
Pero ello no quedó allí, años después, la norma había alcanzado a las empresas estratégicas del Estado –ENFE, YPFB, ENDE, LAB y ENTEL– para ser rematadas a nombre de “capitalización", por el gobierno de Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada (MNR, 1993-1997), a empresas transnacionales. Y nuevamente el pueblo fue embaucado con el juego de palabras.
Ciertamente el DS 21060 fue para atenuar la escalada de la crisis económica de los años ochenta, traducida en una hiperinflación galopante, procedente de los anteriores gobiernos militares. Ante esto, “¡Bolivia se nos muere!”, dijo en 1985 el posesionado Presidente Paz. Hasta entonces la inflación había escalado al 20.000 por ciento, y en pronóstico de Juan Cariaga, miembro del equipo económico palaciego, llegaría hasta fin de este año al 100.000 por ciento (Sanjinés, Ibíd.).
FMI, BM y el DS 21060
El Decreto se dio a conocer al país un 29 de agosto de 1986, salida de las gavetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que sorprendentemente no es un secreto para los obreros que fueron afectados por tal decisión.
El dirigente Montaño, por ejemplo, asegura que “los economistas, asesores de Víctor Paz Estensoro, han traído una receta del Fondo Monetario Internacional, encabezado, asesorado por extranjeros; que el único pretexto era de ellos de que con el gobierno de la UDP estaba yendo a un fracaso, y la alternativa era el 21060 para sustituir y para no tener mucha hiperinflación en el país”.
En realidad, el FMI presionó a la nueva administración a que viabilice el Decreto como condición para que el llamado Club de París otorgara un posible crédito, destinado a la lucha contra la inflación.
“A si es. Sabemos de que los autores del 21060, no son los bolivianos, ni siquiera los presidentes que han pasado, empezando desde el Víctor Paz, Jaime Paz, el ‘Goni’ Sánchez de Lozada, Banzer; ninguno de ellos, sino esto ha sido receta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las bancas privadas que han buscado intereses para poder oprimir más al pueblo y sacar sus ganancias; porque sabemos que todas las ganancias, los intereses que van es en favor de los países ricos, y los países pobres estamos más empobrecidos”, reflexiona Montaño.
Por tanto, “de esta forma, cumplieron nuestros gobernantes, las instrucciones apremiantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), como requisito previo para que el Club de París considera a Bolivia nuevos créditos, destinados a la lucha contra la inflación, que amenazaba su desarrollo”, de acuerdo al escritor René Gonzales (1999: 140)
De esa manera se ha consolidado el nuevo sistema económico en Bolivia, que en presagio del Presidente Paz Estensoro, iba a durar 20 años, y fue así hasta el 2005. En todo este período, los efectos negativos de esta tendencia económica planetaria fueron de magnitud. Por ejemplo, se vaciaron las minas por capitales extranjeros que tenían la tarea de invertir en ellas, primero con la privatización y luego con la capitalización; nunca fue posible.
Efectos del decreto
La desocupación o el desempleo fue el efecto directo del 21060 e inmediato sopetón con que se topó el grueso de la población boliviana.
“Bueno, (yo pertenecía a) una de las fábricas que ya se cerró en la ciudad de El Alto –señala Gumercindo Ticona, comerciante ambulante–; era una fábrica que estaba ya avanzando casi un buen tiempo, pero con el 21060 se cerró, y actualmente no existe. Muchas fábricas se cerraron en El Alto, en La Paz y otros departamentos, porque el 21060 afectó en gran manera a todos los bolivianos.”
En esa línea, Eusebio Quispe, mecánico automotriz, cuenta que la nueva política económica “ha repercutido. Mi padre fue re-localizado. –En ese entonces–, en el año 1988 yo era estudiante y trabajaba en una empresa como mensajero, pero no me abastecía y de alguna forma tenía que costearme mis estudios y al mismo tiempo a la familia. Más que todo yo trabajaba independientemente, y de alguna forma ha repercutido en este sentido. En esa época toda la gente sabía que relocalización significaba como un despido, pero no como significaba, llevar a otro trabajo. Por eso han sido las revueltas”.
Es así, los masivos despidos desataron una serie de movilizaciones. El ardid que había sufrido la clase trabajadora por el gobierno provocó, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), la denominada “Marcha por la Vida”, que determinó el fin de una era de poder sindical, además, con todo este escenario, expiró el modelo estatista que había caracterizado a la revolución nacional, paradójicamente alentada por el mismo Paz Estensoro que 33 años después (1952-1985) decretaba su caducidad, poniendo en vigencia un nuevo modelo económico, el neoliberalismo, que cambió radicalmente la matriz económica y social de Bolivia.
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