___________________________
Cumbre de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno del Grupo de los 77, por un Nuevo Orden Mundial para Vivir
Bien. Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, 14 y 15 de junio
de 2014
______________________________
Ya de por si es largo el texto como para proferir algo más. Solo
disfrútenlo.
Parte I: Contexto general
1. Nosotros, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros del Grupo de los 77 y China, nos hemos reunido en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, para conmemorar el
cincuentenario de la creación del Grupo.
2. Conmemoramos la formación del Grupo de los 77 el 15 de junio de
1964 y recordamos los ideales y principios contenidos en la histórica
Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, firmada al
final del primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Ginebra.
3. Recordamos que, en su primera declaración, el Grupo de los 77 se
comprometió a promover la igualdad en el orden económico y social internacional
y a promover los intereses del mundo en desarrollo, declaró su unidad en el
marco de un interés común y definió al Grupo como instrumento para ampliar el
ámbito de la cooperación en la esfera internacional y para asegurar relaciones
mutuamente benéficas con el resto del mundo.
4. Recordamos también la primera Reunión Ministerial del Grupo de
los 77 celebrada en Argel del 10 al 25 de octubre de 1964, en la que el Grupo
aprobó la Carta de Argel, que estableció los principios de unidad,
complementariedad, cooperación y solidaridad de los países en desarrollo y su
determinación de esforzarse por lograr el desarrollo económico y social,
individual o colectivamente.
5. Ponemos de relieve que el
Grupo de los 77 ha proporcionado los medios para que los países del Sur
articulen y promuevan sus intereses económicos y sociales, ha mejorado su
capacidad de negociación en el sistema de las Naciones Unidas, y observamos con
satisfacción que el Grupo ha establecido una secretaría permanente en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York y capítulos en Ginebra, Nairobi, París,
Roma, Viena y el Grupo de los 24 en Washington D.C., y que lo integran
actualmente 133 Estados miembros.
6. Recordamos también el
éxito de la primera Cumbre del Sur del Grupo de los 77 y China, celebrada en La
Habana en abril de 2000, y de la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en
junio de 2005, que elevaron la condición del Grupo de los 77 y China a nivel de
Jefes de Estado y de Gobierno, y en las que se adoptaron importantes
declaraciones y planes de acción que han guiado nuestro Grupo y constituyen la
base fundamental para la construcción de un nuevo orden mundial y una agenda
propia de los países del Sur para la creación de un sistema más justo,
democrático y equitativo que beneficie a nuestros pueblos.
7. Nos comprometemos a
continuar la tradición de nuestros países de consolidar el desarrollo nacional
y unirnos en el plano internacional, en aras del establecimiento de un orden
internacional justo en la economía mundial que ayude a los países en desarrollo
a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo,
equidad social, suministro de bienes y servicios básicos a nuestro pueblo,
protección del medio ambiente y vida en armonía con la naturaleza.
8. Nos enorgullecen el legado
y los grandes logros del Grupo de los 77 y China en la defensa y la promoción
de los intereses de los países en desarrollo en los últimos 50 años, que han
contribuido poco a poco a incrementar su peso e influencia en las cuestiones
económicas, sociales y ambientales. Nos comprometemos a consolidar esa base y
seguir construyendo un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y
pacífico. Entre otros hitos importantes en ese sentido cabe mencionar la
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración
sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional de 1974, la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, y varias otras
declaraciones históricas que reconocen las necesidades y los intereses de los
países en desarrollo y responden a ellos, y constituyen una de sus prioridades
máximas.
9. Creemos en el arreglo pacífico
de las controversias mediante el diálogo.
10. También observamos que, a
pesar de cinco decenios de logros, aún existen graves deficiencias en el
cumplimiento de los objetivos de nuestro grupo, y que nuestros países,
individual y colectivamente, se enfrentan a desafíos emergentes y que
continúan, como la desaceleración de la economía mundial y sus efectos en
nuestros países, y la falta de medidas sistémicas y mecanismos de rendición de
cuentas adecuados para abordar las causas y los efectos de las crisis
financiera y económica mundial, que plantea el consiguiente riesgo de que se
mantenga el patrón de los ciclos de crisis.
11. También tomamos nota de
las limitaciones existentes en muchos de nuestros países a la hora de
satisfacer las necesidades de empleo, alimentos, agua, atención de la salud,
educación, vivienda, infraestructura física y energía de nuestro pueblo, así
como la inminente crisis del medio ambiente, que acarrea los efectos negativos
del cambio climático en los países en desarrollo, la escasez cada vez mayor de
agua potable y la pérdida de diversidad biológica.
12. Destacamos que los
desequilibrios de la economía mundial y la desigualdad de las estructuras y los
resultados de los sistemas comercial, financiero, monetario y tecnológico dieron
lugar a la creación de nuestro Grupo. No obstante, esos desequilibrios
persisten hoy en algunos aspectos incluso con más efectos adversos en los
países en desarrollo. Por lo tanto, nos comprometemos a continuar e
intensificar nuestros esfuerzos para tratar de establecer un orden
internacional imparcial, justo y equitativo, orientado a satisfacer las
necesidades de desarrollo de los países en desarrollo.
13. Ponemos de relieve que
las razones para el establecimiento de nuestro Grupo hace 50 años siguen siendo
reales y válidas, incluso más válidas que en ese momento. Por lo tanto,
volvemos a comprometernos y a comprometer a nuestros países a fortalecer y
ampliar los esfuerzos incansables del Grupo de los 77 y China en todos los
ámbitos en pro de un mayor progreso y del mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestro pueblo.
14. Afirmamos que el siglo
XXI es el momento para que los Países y los Pueblos del Sur desarrollen sus
economías y sociedades a fin de cumplir las necesidades humanas de manera
sostenible, en armonía con la naturaleza y respetando a la Madre Tierra y sus
ecosistemas. Convenimos en consolidar nuestros valores tradicionales y las
prácticas de solidaridad y colaboración en beneficio mutuo y la fortaleza de
nuestro pueblo, a fin de lograr progresos en nuestros países y en la
cooperación Sur-Sur.
15. Hacemos hincapié en que
nuestras principales prioridades son promover un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y equitativo, crear mayores oportunidades para todos,
reducir las desigualdades, mejorar los niveles de vida básicos; fomentar el
desarrollo social equitativo y la inclusión; y promover una ordenación
integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste
apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, facilitando
al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la
resiliencia del ecosistema frente a los desafíos nuevos y emergentes.
16. Reafirmamos que los
puntos más fuertes del Grupo de los 77 han sido su unidad y solidaridad, su
visión de las relaciones multilaterales justas y equitativas, el compromiso de
sus Estados miembros con el bienestar de los pueblos del Sur y su empeño en
promover una cooperación mutuamente beneficiosa.
17. Hacemos hincapié en que
cada país tiene el derecho soberano de decidir sus propias prioridades y
estrategias de desarrollo, teniendo presente que no hay una fórmula que sirva
para todos. Ponemos de relieve la necesidad de que las normas internacionales
permitan que los países en desarrollo dispongan de espacio y flexibilidad en
cuanto a las políticas, ya que dichas normas están directamente relacionadas
con las estrategias de desarrollo de los gobiernos nacionales. Ponemos de
relieve también la necesidad de que haya espacio político para que nuestros
países puedan formular estrategias de desarrollo que expresen intereses
nacionales y distintas necesidades que no siempre se tienen presentes al
formular políticas económicas internacionales en el proceso de integración con
la economía mundial.
18. Nos preocupa la situación
actual de la economía mundial y el estado de la gobernanza económica mundial y
la necesidad de una enérgica recuperación. Creemos que el mundo se enfrenta a
la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión, y nos alarman
los efectos adversos que está teniendo esta crisis sobre todo en los países en
desarrollo. Creemos que la crisis ha puesto de relieve puntos débiles y
desequilibrios sistémicos de larga data de la economía mundial, y ha puesto más
de manifiesto la insuficiencia y el carácter antidemocrático de la gobernanza
económica mundial. Deben hacerse ahora nuevos intentos para establecer un
sistema adecuado de gobernanza económica mundial, con la plena expresión,
representación y participación de los países en desarrollo en los debates y la
adopción de decisiones.
19. Reconocemos la gran
importancia de mantener la protección social y fomentar la creación de empleo,
incluso en tiempos de crisis económica, y tomamos nota con satisfacción de los ejemplos
alentadores de políticas que han permitido a los países reducir la pobreza,
aumentar la inclusión social y crear nuevos y mejores empleos en los últimos
años.
20. Nos preocupa el aumento
de la concentración de la riqueza y los ingresos en el mundo y su distribución
asimétrica, que han creado grandes desigualdades entre los países desarrollados
y los países en desarrollo. Este grado de desigualdad es injustificable y no
puede tolerarse en un mundo donde la pobreza sigue prevaleciendo, los recursos
se están agotando y la degradación del medio ambiente es cada vez mayor.
Pedimos que se adopten medidas a escala mundial para reducir las desigualdades
a todos los niveles. También nos comprometemos a hacer frente a la desigualdad
en nuestros propios países.
21. Tomamos nota con preocupación de la influencia de las grandes
empresas, principalmente de los países desarrollados, en la economía mundial, y
sus efectos negativos en el desarrollo social, económico y ambiental de algunos
países en desarrollo, en particular en lo que respecta a los obstáculos que esa
influencia pueda plantear al ingreso de nuevas empresas en el mercado mundial.
En ese sentido, pedimos que la comunidad internacional adopte medidas concretas
para hacer frente a esos efectos negativos y promover la competencia
internacional y un mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo,
en particular políticas que promuevan el crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas en los países en desarrollo, la eliminación de las barreras comerciales
que impiden la adición de valor en los países de origen, como las crestas
arancelarias y la progresividad arancelaria, así como el fomento de la
capacidad en materia de derecho de la competencia, la regulación de la política
tributaria y la responsabilidad social de las empresas.
22. Ponemos de relieve que
las empresas transnacionales tienen la responsabilidad de respetar todos los
derechos humanos y deberían abstenerse de causar desastres medioambientales y
afectar al bienestar de los pueblos.
23. Reconocemos los progresos
logrados en el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional, subnacional y
local, y reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en sus
esfuerzos por erradicar la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres y
las personas en situación vulnerable, promoviendo el desarrollo de la
agricultura sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, complementados por políticas sociales eficaces, incluidos
niveles mínimos de protección social.
24. Respetamos plenamente los
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho
internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados,
el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la
integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los
Estados, y destacamos que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena
adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico
internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el
nivel de vida de nuestros pueblos.
25. Somos profundamente
conscientes de que decenios después de haber alcanzado la independencia
política, algunos países en desarrollo siguen en las garras de la dependencia
económica de las estructuras y los caprichos de la economía mundial y de los
países desarrollados y sus entidades económicas. Esa dependencia, especialmente
por parte de los países pobres y vulnerables, limita el alcance de nuestra
verdadera independencia política también. Por lo tanto, nos comprometemos a
aunar los esfuerzos encaminados a seguir tratando de alcanzar la independencia
económica, y a reunirnos bajo la égida del Grupo de los 77 y China, así como de
otras organizaciones del Sur, a fin de lograr avances a ese respecto.
26. Recordamos las decisiones
adoptadas en la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en 2005, de
cerciorarnos de que en las políticas y los programas concebidos en el contexto
de la globalización se respeten plenamente los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto
se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de
los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no
injerencia en los asuntos internos de los Estados, y de destacar que dichos
propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y
dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y
equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros
pueblos.
27. También recordamos la
decisión adoptada en la Cumbre del Grupo de los 77 y China celebrada en Doha en
2005 de colaborar para la realización del derecho a la libre determinación de
los pueblos que vivían bajo dominación colonial u otras formas de dominación u
ocupación extranjera, lo que repercutía negativamente en su desarrollo social y
económico, y de exhortar a la comunidad internacional a que adoptara todas las
medidas necesarias para poner fin a la continuación de la ocupación extranjera,
de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y
del derecho internacional.
28. Reafirmamos que los
pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la
vida política, económica, social y cultural del Estado. A este respecto, ponemos
de relieve la necesidad de respetar y salvaguardar las identidades culturales,
los conocimientos y las tradiciones indígenas de nuestros países.
Parte II: Desarrollo en el
contexto nacional
Estrategias de desarrollo
sostenible
29. Hacemos hincapié en la
necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles,
integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los
vínculos que existen entre ellos, a fin de lograr el desarrollo sostenible en
todas sus dimensiones.
30. Reafirmamos que cada país
dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de
sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo
sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). En algunos países
existe el enfoque del “Vivir bien” con un desarrollo integral encaminado a
alcanzar las necesidades materiales, culturales y espirituales de las
sociedades en el contexto de la Armonía con la Naturaleza.
31. Reconocemos que la Tierra
y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos de que, para alcanzar
un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de
las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la
naturaleza y la Tierra. También reconocemos que “Madre Tierra” es una expresión
común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones,
lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.
32. Acogemos con beneplácito
que en 2011 se celebrara el vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo, que es un importante documento histórico que
establece el derecho de los países en desarrollo a actuar con miras a lograr el
desarrollo y el derecho de los pueblos a participar en el desarrollo y
beneficiarse de él.
33. En este contexto,
reafirmamos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural
y político de carácter global que tiende al mejoramiento constante del
bienestar de la población en general y de todos los individuos sobre la base de
su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución
justa de los beneficios que de él se derivan, como se reconoce en la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
34. También reafirmamos la
proclamación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de que el derecho
al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las
personas y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente
todos los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese
desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.
Mejoramiento de las
prácticas de la democracia
35. Consideramos que la
democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de
los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales
y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Reafirmamos que, si bien todas las democracias tienen características comunes,
no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a
ningún país o región, y reafirmamos además la necesidad de respetar debidamente
la soberanía, la unidad y la integridad territorial y el derecho a la libre
determinación, así como el rechazo de cualquier intento de desestabilizar los
sistemas constitucionales y democráticos legítimamente establecidos por los
pueblos.
36. Pedimos que los medios de
comunicación dejen de utilizarse de modo que puedan difundir información
distorsionada contra los Estados miembros del Grupo de los 77 haciendo caso
omiso del principio del derecho internacional.
37. Expresamos nuestra
profunda indignación y desaprobación por los hechos relacionados con el retiro
sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial en que
viajaban el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales
Ayma, y su grupo el 2 de julio de 2013. Estos hechos constituyen actos hostiles
e injustificables que además pusieron en grave riesgo la seguridad del
Presidente Morales. Hacemos pública nuestra máxima solidaridad y exigimos que
se aclaren los hechos.
Soberanía nacional sobre
los recursos naturales y beneficios de esos recursos
38. Afirmamos que los Estados
tienen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
derecho internacional, el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad
de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su
control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
39. Reafirmamos también que
el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional
y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
40. Si bien hacemos hincapié
en la soberanía de nuestros países y pueblos sobre sus recursos naturales,
somos conscientes de que tenemos el deber de conservar, gestionar y utilizar
esos recursos de manera sostenible, y de crear condiciones para que la
Naturaleza y los ecosistemas puedan regenerarse, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras. También reconocemos que el uso sostenible de
los recursos naturales es un medio eficaz de lograr el crecimiento económico y
reducir la pobreza y la degradación del medio ambiente.
41. Tomamos nota de las
decisiones adoptadas por algunos países para nacionalizar o recuperar el
control de sus recursos naturales con el fin de obtener mayores beneficios para
sus pueblos, en particular para las personas pobres, y para invertir en la
diversificación económica, la industrialización y los programas sociales, y
respetamos esas decisiones.
42. Instamos a que se
proporcione asistencia técnica y para el fomento de la capacidad a los países
en desarrollo a nivel internacional, regional y nacional, a fin de ayudarlos a
obtener los máximos beneficios de la extracción y utilización de los recursos
en consonancia con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el pleno
ejercicio del derecho soberano de nuestros países sobre sus recursos naturales.
Erradicación de la pobreza
43. Reconocemos que la
pobreza es una afrenta a la dignidad humana y destacamos que la erradicación de
la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad, y
concedemos la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de
desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse con
medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza mundial para el
desarrollo fortalecida, y que entre otros objetivos entraña la promoción del
empleo y el trabajo decente para todos, el mejoramiento del acceso a los
servicios sociales, la erradicación del analfabetismo y las enfermedades, y la
aplicación de estrategias nacionales y regionales integradas, coordinadas y
coherentes.
44. Expresamos nuestra
profunda preocupación por los problemas que afectan la lucha contra la pobreza
como consecuencia de las crisis, en particular la crisis financiera y económica
mundial, la continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes
de capital y la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el
acceso a la energía y los problemas que plantea el cambio climático para los
países en desarrollo.
45. Subrayamos también que, a
fin de que los gobiernos de los países en desarrollo puedan erradicar
efectivamente la pobreza, los países en desarrollo deben garantizar la
implicación nacional en sus propios programas de desarrollo, lo que conlleva la
preservación de sus propios márgenes de acción en materia de políticas
respaldados por un firme compromiso político para reducir la pobreza de
conformidad con sus prioridades y circunstancias nacionales. En consecuencia,
los gobiernos de los países en desarrollo deben formular sus propias
estrategias de desarrollo para ayudar a los pobres con políticas y medidas,
entre las que cabe mencionar el fomento de un fuerte crecimiento económico
sostenido e inclusivo, la concesión de prioridad a la generación de empleo, en
particular para la población joven, el suministro de un mejor acceso universal
y asequible a los servicios básicos, el establecimiento de un sistema de
protección social bien concebido, el empoderamiento de las personas para que
puedan aprovechar las oportunidades económicas y la adopción de medidas para
garantizar la protección del medio ambiente.
46. Recordamos la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más completo
y universal sobre la corrupción, y reconocemos la necesidad de seguir
promoviendo la ratificación o la adhesión a la Convención y su plena
aplicación. También reconocemos que la lucha contra la corrupción a todos los
niveles es una prioridad, que la corrupción es un serio obstáculo para la
movilización y asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de
actividades que son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo
sostenible.
47. Tomamos nota con aprecio
de los valores tradicionales y ancestrales de algunos de nuestros pueblos, como
los principios andinos de ama suwa (“no seas ladrón”), ama llulla (“no seas
mentiroso”) y ama qhilla (“no seas perezoso”) y que, de conformidad con todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los
esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.
Reducción de la
desigualdad
48. Hacemos hincapié en que
el problema de la desigualdad es más grave que nunca debido a la prevalencia de
la riqueza extrema mientras se sigue padeciendo hambre y pobreza, y en que esta
situación se agrava, entre otras cosas, por unas pautas de consumo y producción
insostenibles, principalmente en los países desarrollados. Afirmamos que todo
beneficio del crecimiento económico tiene que distribuirse de manera equitativa
y debe beneficiar a las personas en situaciones vulnerables en nuestras
comunidades, por lo que pedimos una vez más que se tomen medidas concertadas
para reducir las desigualdades a todos los niveles.
49. Estamos profundamente
preocupados por la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir la
disparidad cada vez mayor que existe entre los países desarrollados y los
países en desarrollo, así como dentro de los países, que ha contribuido, entre
otras cosas, a agravar la pobreza y ha menoscabado el pleno disfrute de todos
los derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo.
50. También tomamos nota con
preocupación de que el alto grado de desigualdad dentro de los países y entre
ellos sigue repercutiendo negativamente en todos los aspectos del desarrollo
humano y es especialmente perjudicial para las personas en situaciones
vulnerables, quienes resultan afectadas por desigualdades interrelacionadas.
Por lo tanto, instamos a los países a que, con el apoyo de la cooperación
internacional y otros medios, intensifiquen los esfuerzos por ofrecer un acceso
equitativo a las oportunidades y los resultados a todos los sectores de la
sociedad, de conformidad con las políticas nacionales.
51. Entendemos que el desarrollo
sostenible entraña un cambio en el orden de las prioridades de la generación de
riqueza material a la satisfacción de las necesidades humanas en Armonía con la
Naturaleza. La excesiva orientación hacia los beneficios no respeta la Madre
Tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este
sistema desigual aumentará las desigualdades.
Crecimiento económico
sostenido e inclusivo
52. Afirmamos que el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo es necesario para
erradicar la pobreza, generar empleo y elevar el nivel de vida de nuestros
pueblos y generar ingresos públicos para financiar las políticas sociales.
Observamos que los datos históricos han demostrado que ningún país ha logrado
mejorar de modo constante las condiciones de vida y el desarrollo humano sin
mantener un ritmo de crecimiento económico regular. Por lo tanto, instamos a la
comunidad internacional y las Naciones Unidas a que ayuden a los países en
desarrollo a lograr un crecimiento económico elevado y adecuado durante un
período prolongado.
53. También somos conscientes
de que un elevado crecimiento económico, aunque necesario, no basta por sí
mismo. Somos conscientes de que el crecimiento económico debe ser sostenido e
inclusivo generando puestos de trabajo y aumentando los ingresos de las
personas en situaciones vulnerables, especialmente los pobres y los más
necesitados. El crecimiento económico también debe ser racional desde el punto
de vista ecológico y social, y para lograrlo, los países en desarrollo
necesitan, entre otras fuentes, apoyo financiero y tecnológico de los países
desarrollados con arreglo a los planes nacionales
Creación de empleo
54. Expresamos la opinión de
que la capacidad de generar empleo pleno y trabajo decente está
fundamentalmente relacionada con la revitalización y el fortalecimiento de
estrategias de desarrollo productivo, mediante la aplicación de políticas
adecuadas en materia de financiación, inversión y comercio. A este respecto,
reafirmamos la necesidad de movilizar una considerable cantidad de recursos
procedentes de diversas fuentes y utilizar eficazmente los fondos a fin de
apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus iniciativas para promover
el desarrollo sostenible. También subrayamos la necesidad de mantener la
coherencia entre las políticas macroeconómicas y de creación de empleo para
asegurar un crecimiento económico mundial inclusivo y resiliente.
55. Expresamos profunda
preocupación por la persistencia de los altos niveles de desempleo y subempleo,
en particular entre los jóvenes, y afirmamos nuestro compromiso de reducir el
desempleo mediante políticas económicas y de desarrollo orientadas a generar un
gran número de puestos de trabajo. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un
proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, a fin de
incluir la cuestión del empleo de los jóvenes y las inquietudes de los jóvenes
en el actual proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015. Afirmamos
también la importancia de asegurar unos medios de vida dignos para los
agricultores de nuestros países.
56. Afirmamos la necesidad de
poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones
Unidas, para elaborar una estrategia mundial dirigida a mejorar la formación
para el empleo y crear empleo para los jóvenes.
Prestación de servicios
básicos para nuestros pueblos
57. Nos preocupa que sigan
existiendo diferencias sustanciales y cada vez mayores entre los ricos y los
pobres del mundo, diferencias que no obedecen únicamente al reparto desigual de
la riqueza, sino también a las disparidades en materia de acceso a los recursos
y servicios básicos, lo que impide que se creen oportunidades económicas para
todos.
58. Reconocemos la importante
función que corresponde desempeñar al Estado para velar por que todas las
personas tengan acceso a los servicios básicos y buscar soluciones a las
desigualdades y la discriminación relativas a la distribución de esos servicios
y el acceso a ellos.
59. También reafirmamos
nuestra determinación de adoptar medidas que hagan efectivo el derecho de
nuestros pueblos a acceder a los servicios básicos.
60. Reafirmamos nuestros
compromisos respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, que
debe materializarse y hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra
población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional.
61. Exhortamos a los países
donantes y las organizaciones internacionales a que registren progresos en el
suministro de recursos financieros, la creación de capacidad y la transferencia
de tecnología por medio de las actividades internacionales de prestación de
asistencia a los países en desarrollo y de cooperación con ellos, a fin de
intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso
económico y en condiciones de seguridad al agua potable y el saneamiento.
Acceso a la salud pública
y a los medicamentos
62. Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que
todas las personas tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de
servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación que
se ajuste a las necesidades y se determine a nivel nacional, así como a
medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad, al tiempo
que se garantiza que la utilización de esos servicios no suponga graves
dificultades económicas para los usuarios, especialmente para quienes se
encuentran en situación vulnerable.
63. También reconocemos que en muchos países en desarrollo no
existen los recursos financieros ni humanos ni la infraestructura necesaria
para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto
nivel posible de salud física y mental. Por tanto, exhortamos a los países
desarrollados y a las organizaciones internacionales competentes a que
proporcionen a esos países recursos financieros y tecnológicos suficientes como
complemento a sus esfuerzos para establecer políticas y medidas que
proporcionen cobertura sanitaria universal y servicios básicos de salud para
todos.
64. Observamos con gran
preocupación que las enfermedades no transmisibles han alcanzado grandes
dimensiones epidémicas que debilitan el desarrollo sostenible de los Estados
miembros. En ese sentido, reconocemos la eficacia de las medidas de control del
tabaco para mejorar la salud. Reafirmamos el derecho de los Estados miembros a
proteger la salud pública y, en particular, a garantizar el acceso universal a
los medicamentos y las tecnologías de diagnóstico médico, por ejemplo,
utilizando de forma plena, si fuera necesario, las flexibilidades previstas en
la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud
Pública.
65. Recordamos el contenido del párrafo 142 del documento final de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el que
los Jefes de Estado y de Gobierno “reafirman el derecho a aplicar plenamente
las disposiciones del Acuerdo ADPIC, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo
ADPIC y la Salud Pública, la decisión del Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), de 30 de agosto de 2003, relacionada con la
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha, y, cuando concluyan los
procedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo
ADPIC, que otorgan flexibilidad para la protección de la salud pública y, en
particular, para promover el acceso universal a los medicamentos, y alientan a
que se preste asistencia a los países en desarrollo a este respecto”. Afirmamos
la importancia de aprovechar las flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC
para promover la salud de las personas y el acceso a los medicamentos.
Exhortamos a los países desarrollados a que respeten plenamente el derecho de
los países en desarrollo a aprovechar al máximo las flexibilidades previstas en
el Acuerdo ADPIC y a que se abstengan de adoptar medidas, incluso de índole
comercial, que impidan que los países en desarrollo ejerzan este derecho o que
los disuadan de hacerlo.
66. Nos preocupa el creciente
problema de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, incluidos los
fármacos existentes para luchar contra la tuberculosis y la malaria. Como
consecuencia de esto, un número cada vez mayor de enfermos, especialmente en
los países en desarrollo, puede morir a causa de enfermedades que pueden
prevenirse o tratarse. Instamos a las autoridades y organizaciones
internacionales de la salud, en especial a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a que adopten medidas urgentes y a que, a solicitud de los países en
desarrollo que no cuentan con los recursos adecuados, cooperen con ellos para
solucionar este problema.
Desarrollo agrícola y
seguridad alimentaria
67. Recordamos que la seguridad alimentaria y la nutrición son
elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y expresamos
nuestra preocupación por el hecho de que los países en desarrollo son
vulnerables, entre otras cosas, a los efectos adversos del cambio climático,
que amenazan todavía más la seguridad alimentaria.
68. Reafirmamos que el hambre
es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas
urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla.
Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y
nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su
derecho fundamental a no padecer hambre, a fin de poder desarrollar y mantener
su plena capacidad física y mental. Reconocemos también que la seguridad
alimentaria y la nutrición son esenciales para el desarrollo sostenible y se
han convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos
también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de
las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y
nutritivos, en consonancia con los Cinco Principios de Roma para la Seguridad
Alimentaria Mundial Sostenible, aprobados el 16 de noviembre de 2009,
especialmente en favor de los niños menores de 2 años, y mediante estrategias
de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, regionales y mundiales, según
proceda.
69. Denunciamos que las
subvenciones y otras distorsiones del mercado impulsadas por los países
desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en
desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir
significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico
sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad
alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las
formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países
desarrollados que distorsionan los mercados y que no se ajustan a las normas
establecidas por la OMC. Instamos a los países desarrollados a que demuestren
la flexibilidad y la voluntad política necesarias para abordar debidamente
estas preocupaciones fundamentales de los países en desarrollo en la Ronda de Doha
de negociaciones comerciales.
70. Reiteramos nuestro
compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre las subvenciones a la
pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo, de la OMC, y a los
mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas
las disciplinas sobre las subvenciones en el sector pesquero, incluso
prohibiendo determinadas modalidades de subvenciones a la pesca que contribuyen
a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que la
negociación en la OMC de las subvenciones a la pesca debe incluir un trato
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y
menos adelantados, teniendo en cuenta la importancia del sector para las
prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y las cuestiones
relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.
71. Ponemos de relieve la
necesidad de fortalecer la capacidad de nuestros países, en especial mediante
la cooperación internacional, para salvaguardar y mejorar la calidad de la
nutrición de nuestros pueblos, promoviendo sus prácticas productivas,
culturales y ambientales.
72. Ponemos de relieve
también la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e
internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el
desarrollo agrícola como parte fundamental de la agenda internacional para el
desarrollo. Exigimos una financiación sostenida y más inversiones dirigidas
concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos
recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para
materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria.
73. Ponemos de relieve además
la necesidad de fortalecer el sector agrícola, en el contexto de la agenda para
el desarrollo después de 2015 y sus medios de aplicación, a fin de alcanzar la
seguridad alimentaria, destacando la importancia de que en las estrategias
nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se
incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los
pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos
productores agrícolas.
74. Acogemos con beneplácito
la adopción de las resoluciones de la Asamblea General 68/177 sobre el derecho
a la alimentación y 68/233 sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y
nutrición. Acogemos con beneplácito también la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición, convocada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, que tendrá lugar
en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, con objeto de
aprobar el marco normativo sobre nutrición para las próximas décadas y definir
las prioridades que regirán la cooperación internacional en el ámbito de la
nutrición a corto y mediano plazos.
75. Acogemos con beneplácito
la decisión del Director General de la FAO de nombrar por segundo año
consecutivo al Sr. Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, y a la Sra. Nadine Heredia Alarcón, Primera Dama del Perú,
Embajadores Especiales ante la FAO para el Año Internacional de la Quinua, en
reconocimiento de su liderazgo y compromiso en la lucha contra el hambre y la
malnutrición, y de la labor realizada por los Gobiernos de Bolivia y el Perú
para mostrar al mundo los beneficios y la calidad de esa fuente andina de
alimento.
76. Reafirmamos que la
biodiversidad y el valor nutricional de la quinua la convierten en un elemento
clave para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la
pobreza, así como para promover los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas andinos; contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la
nutrición y la erradicación de la pobreza; crear conciencia sobre su
contribución al desarrollo social, económico y ambiental; e intercambiar buenas
prácticas sobre la realización de actividades.
77. Llamamos a que se creen
unas condiciones propicias para el surgimiento de oportunidades económicas provechosas
para los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, los campesinos y
los pueblos y las comunidades indígenas, y a que se establezcan vías para
conectar a estos grupos con los consumidores, en el marco de las estrategias
nacionales para hacer efectivo el derecho a la alimentación.
78. Reconocemos la función
positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones
familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y
las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos
y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la
biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de
alimentos de las generaciones presentes y futuras.
79. Destacamos la necesidad
de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad excesiva de los
precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los
niveles, y de gestionar los riesgos derivados de la inestabilidad excesiva de
los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la
seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los
pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.
80. Llamamos a que en la
ronda de negociaciones de Doha de la OMC se conceda prioridad al desarrollo y,
en concreto, a la seguridad alimentaria, de conformidad con el Programa de Doha
para el Desarrollo. Llamamos a que se promuevan los medios de subsistencia de
los pequeños agricultores y el desarrollo rural en los países en desarrollo. En
este contexto, instamos a los miembros de la OMC a que adopten, lo antes
posible, una solución permanente para la cuestión de las existencias públicas
de alimentos y la seguridad alimentaria en relación con los países en desarrollo,
como se acordó mediante la Decisión Ministerial de la OMC aprobada en Bali
(Indonesia) en 2013.
Agricultura familiar
sostenible
81. Declaramos que la
agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base
importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la
seguridad alimentaria (resolución 66/222 de la Asamblea General). En este
contexto, debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura
familiar sostenible, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales de los
pequeños agricultores, a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo,
en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos
productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios
tecnológicos adecuados, el transporte y la información.
82. Fomentaremos la adopción
de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional
en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación
integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo
la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las
prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Industrialización e
infraestructura
83. Afirmamos que el
desarrollo industrial y la creación de valor añadido, junto con la ciencia, la
tecnología y la innovación, son, entre otros, elementos esenciales para que los
países en desarrollo alcancen mayores niveles de desarrollo de manera sostenida,
dado que el proceso de industrialización puede generar una mayor productividad,
más puestos de trabajo y competencias técnicas y efectos positivos indirectos
en la economía. En consecuencia, instamos a los países desarrollados a que
ayuden a los países en desarrollo a impulsar la industrialización en sus
estrategias y políticas de desarrollo y a promover el desarrollo industrial
sostenible con arreglo a sus intereses nacionales.
84. Observamos que muchos
países en desarrollo aún dependen excesivamente de los productos básicos y
hacemos notar que deberían estudiar estrategias de diversificación industrial
mediante, entre otras cosas, el aumento de las capacidades productivas con
valor añadido.
85. Exhortamos a las
organizaciones internacionales competentes y pedimos a los mecanismos de
cooperación internacional que presten una asistencia adecuada a los países en
desarrollo, incluso mediante la transferencia de tecnología, para que puedan
desarrollar su capacidad para formular y aplicar políticas y estrategias de
industrialización, de conformidad con sus prioridades nacionales.
86. Pedimos que en el sistema
comercial internacional se respete y consolide el margen normativo de los
países en desarrollo para la promoción y el crecimiento de nuestro desarrollo
industrial y para la formulación y aplicación de nuestras estrategias
industriales. A ese respecto, pedimos que se haga una revisión de todas las
normas del sistema comercial mundial que afecten al espacio normativo de los
países en desarrollo.
87. Afirmamos que el
desarrollo de infraestructuras fiables y económicas, la conectividad regional,
y su apropiada interrelación a través de la ciencia, la tecnología y la
innovación, incluidos el transporte, las carreteras, la energía y las
telecomunicaciones, así como la promoción del acceso a los mercados para las
exportaciones procedentes de los países en desarrollo, son elementos esenciales
para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y el desarrollo sostenible
de nuestros países.
88. En ese sentido, instamos
a los países desarrollados y las organizaciones internacionales a que, en
consonancia con los compromisos asumidos en el plano internacional,
proporcionen asistencia financiera suficiente para apoyar la transferencia de
tecnologías fiables y de costo razonable y promover la creación de capacidad,
teniendo en cuenta las prioridades nacionales.
89. Instamos a los países
desarrollados a que proporcionen asistencia técnica, transferencia de
tecnología y recursos financieros para que nuestros países puedan
industrializarse y desarrollar la infraestructura por medios que sean
sostenibles en el plano ambiental.
90. Ponemos de relieve
a ese respecto la importancia que reviste la asistencia técnica para el
desarrollo industrial de los Estados Miembros con el fin de adoptar modalidades
de consumo y producción sostenibles menos contaminantes, basadas en los
recursos y de alto rendimiento energético, que incluyan tecnologías menos
contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles.
91. Acogemos con
beneplácito la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en su calidad de
Presidente del Grupo de los 77 y China, de organizar la Reunión de ministros de
industrialización o autoridades equivalentes del Grupo de los 77 y China sobre
la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización,
en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la
Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, reunión que se
celebrará en Tarija en agosto de 2014.
92. Acogemos con
beneplácito la Declaración de Lima: hacia un desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, aprobada en el 15º período de sesiones de la Conferencia General de
la ONUDI que se celebró en Lima en diciembre de 2013, como un paso importante
en nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de
la pobreza.
Inclusión de la mujer en el desarrollo
93. Recordamos el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, reafirmamos el papel fundamental de la mujer y la necesidad de
lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los
ámbitos del desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de
nuestros respectivos compromisos en este sentido, que figuran en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así
como en el Programa 21, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la
Declaración del Milenio y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo de 1994.
94. Reconocemos también
que el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible,
contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, participantes y agentes de
cambio no se ha hecho plenamente efectivo. Apoyamos que se asigne prioridad a
las medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas en todas las esferas de nuestras sociedades. Resolvemos
aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del desarrollo
sostenible por numerosos medios y nos comprometemos a crear un entorno propicio
para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes,
especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales, así como entre
los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
95. Estamos
comprometidos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres
en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de
recursos, a otorgar a las mujeres iguales derechos que los hombres a los
recursos económicos y a asegurar su acceso a la educación, las finanzas, las
tecnologías de la información y las comunicaciones, los mercados, la asistencia
letrada y otros servicios básicos, entre ellos los servicios de atención de la
salud, incluidos los métodos modernos seguros, eficaces, asequibles y
aceptables de planificación familiar.
96. Recordamos los
compromisos respectivos que asumimos con arreglo a la resolución 61/143 de la
Asamblea General y otras resoluciones sobre la cuestión, reconocemos que la
violencia contra la mujer viola gravemente todos sus derechos humanos, y
acordamos por tanto adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia
contra la mujer, incluidos el feminicidio y la discriminación de las mujeres y
las niñas, mediante una respuesta más sistemática, amplia, multisectorial y
sostenida, apoyada y facilitada adecuadamente por sólidos mecanismos
institucionales y métodos de financiación, así como por planes de acción
nacionales, incluidos los que se realizan con el apoyo de la cooperación internacional,
y, según proceda, por planes nacionales de desarrollo, incluidas las
estrategias de erradicación de la pobreza y los enfoques sectoriales y basados
en los programas.
97. Reafirmamos el
compromiso de trabajar juntos para formular una agenda para el desarrollo
después de 2015 con perspectiva de género.
98. Instamos a que se
haga frente a los problemas fundamentales que siguen teniendo las mujeres y las
niñas mediante un enfoque amplio y con vocación transformadora y hacemos un
llamamiento para que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas se recojan en un objetivo de desarrollo sostenible
independiente y se incorporen por medio de metas en las políticas inclusivas
para superar la pobreza y fomentar el desarrollo social y económico de nuestros
países.
Pueblos indígenas
99. Instamos a trabajar
en pro de la realización de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus
tierras, recursos naturales, identidad y cultura, de conformidad con la legislación
nacional. Reafirmamos nuestros compromisos respectivos de cumplir nuestras
obligaciones jurídicas, en particular, según proceda, el Convenio núm. 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, así como de promover la aplicación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
100. Reafirmamos el valor y
la diversidad de las culturas y las formas de organización social de los
pueblos indígenas y sus conocimientos científicos e innovaciones y prácticas
tradicionales holísticas, que contribuyen de manera significativa a fortalecer
los medios de vida de la población local, garantizar la seguridad alimentaria y
hacer frente al cambio climático.
101. Destacamos la
importancia de los pueblos indígenas para el logro del desarrollo sostenible en
los países en desarrollo y la función crucial que desempeñan en los procesos
sociales, económicos y políticos de nuestros países, a la vez que fortalecen
los puntos de vista y valores locales conocidos como visiones holísticas de la
Madre Tierra.
102. Reafirmamos la
importancia de la acción colectiva y los esfuerzos de las comunidades indígenas
y locales para conservar la diversidad biológica, teniendo en cuenta que
contribuyen decisivamente a la ordenación y gestión sostenible de los recursos
naturales renovables.
103. Consideramos que la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos dependen de los
distintos contextos socioculturales, teniendo especialmente en cuenta a los
pueblos indígenas y las comunidades locales y sus sistemas de conocimientos y
prácticas tradicionales, incluida su visión holística de la comunidad y el
medio ambiente, como un importante medio de adaptación al cambio climático.
104. Pedimos que se
fortalezca el diálogo intercientífico entre los sistemas de conocimientos
tradicionales e indígenas y las ciencias modernas en el contexto de la
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas y del marco conceptual “Vivir bien en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra”, aprobado por la Plataforma.
105. Acogemos con
beneplácito que se haya convocado la reunión plenaria de alto nivel del
sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que con el nombre
de Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas se celebrará en Nueva York los días
22 y 23 de septiembre de 2014, con el fin de intercambiar ideas y mejores
prácticas sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento final de la Conferencia,
que estará orientado a la acción, debe contribuir a la realización de los
derechos de los pueblos indígenas y la consecución de los objetivos de la
Declaración y promover el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente.
106. Tomamos nota de la
Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita en La Habana el 29 de enero
de 2014 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y
el Caribe reunidos en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se reconoce la
importancia de conservar las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos
originarios, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con los instrumentos
internacionales pertinentes. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno
reconocen el masticado (akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una
manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe
ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los
resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja
de coca realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional
de reconocido prestigio en la materia.
Parte III: Cooperación
Sur-Sur
107. Reafirmamos el
documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur y, por lo tanto, reconocemos la
importancia, las diferencias históricas y las particularidades de la
cooperación Sur-Sur, y reafirmamos nuestra opinión de que la cooperación
Sur-Sur es una expresión de solidaridad entre los pueblos y países del Sur que
contribuye a su bienestar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y
el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su
programa deben ser determinados por los países del Sur y seguir orientándose
por los principios del respeto de la soberanía, la implicación y la
independencia nacionales, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia
en los asuntos internos y el beneficio mutuo.
108. Reafirmamos la
importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur, especialmente en el actual
entorno económico internacional, y reiteramos nuestro apoyo a la cooperación
Sur-Sur como estrategia para respaldar la labor de los países en desarrollo en pro
del desarrollo y como medio de fomentar su participación en la economía
mundial. Reiteramos la posición del Grupo de que la cooperación Sur-Sur
complementa, pero no sustituye, a la cooperación Norte-Sur y reafirmamos que se
trata de un empeño colectivo de los países en desarrollo basado en el principio
de solidaridad y en premisas, condiciones y objetivos específicos del contexto
histórico y político de los países en desarrollo y de sus necesidades y
expectativas, por lo que la cooperación Sur-Sur debería fomentarse de modo
separado e independiente, tal y como se reafirmó en el documento final de
Nairobi. En este contexto, recalcamos que la cooperación Sur-Sur y su programa
deben ser impulsados por los países del Sur. La cooperación Sur-Sur, que es fundamental
para los países en desarrollo, exige una perspectiva de largo plazo y el
mecanismo institucional mundial previsto en la Segunda Cumbre del Sur.
109. Acogemos con
beneplácito la reunión del Grupo de Alto Nivel de Personalidades Eminentes del
Sur, celebrada en Natadola (Fiji) del 7 al 9 de mayo de 2013, de conformidad
con el mandato pertinente de la Segunda Cumbre del Sur. Acogemos con
beneplácito también las conclusiones y recomendaciones del Grupo sobre el
panorama futuro de la cooperación Sur-Sur como una contribución importante para
el desarrollo ulterior de la Plataforma de Desarrollo para el Sur. Reiteramos
el marco y los principios de la cooperación Sur-Sur que los Ministros de
Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 hicieron suyos por primera vez en su
32ª reunión anual, celebrada en Nueva York el 26 de septiembre de 2008, que el
Grupo utilizó también como base para sus deliberaciones.
110. Acogemos con
beneplácito la conclusión de la tercera ronda de negociaciones del Sistema
Global de Preferencias Comerciales, que es un instrumento para promover y
fortalecer la integración comercial Sur-Sur y exhortamos a que más países en
desarrollo participen en el Sistema Global.
111. También señalamos y
acogemos con beneplácito el aumento de las iniciativas de cooperación regional
que manifiestan de manera concreta la cooperación y la integración Sur-Sur en
esferas diversas como las finanzas, la banca, el comercio, la atención de la
salud y la producción de alimentos. Esperamos que estas iniciativas beneficien
no solo a los participantes en los programas regionales, sino también a otros
países en desarrollo. Hacemos un llamamiento para que se adopten otras
iniciativas en el futuro, así como maneras concretas en que los países en
desarrollo puedan intercambiar experiencias y buenas prácticas para difundir
estas iniciativas Sur-Sur.
112. Alentamos a nuestros
países a intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de igualdad
de acceso a los servicios básicos para todos.
113. Destacamos que el
Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, de la Asamblea General, es
el principal organismo normativo multilateral del sistema de las Naciones
Unidas encargado de examinar y evaluar los progresos realizados a nivel mundial
y en todo el sistema y el apoyo en materia de cooperación Sur-Sur para el
desarrollo, incluida la cooperación triangular, y de impartir orientación
general sobre la dirección futura.
114. Destacamos también que
la cooperación Sur-Sur, como elemento importante de la cooperación
internacional para el desarrollo, no sustituye, sino que complementa la
cooperación Norte-Sur y que su programa debe ser establecido por los países del
Sur. Apoyamos la integración de la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular en las políticas y el marco estratégico de los fondos y programas
del sistema de las Naciones Unidas, así como su fortalecimiento mediante la
asignación a nivel de todo el sistema de recursos adicionales, entre ellos
recursos financieros y humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur, y reconocemos que la Oficina, acogida actualmente por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye una
entidad separada, con un carácter jurídico particular, encargada de la coordinación,
a nivel mundial y en el sistema de las Naciones Unidas, de la promoción y
facilitación de iniciativas relacionadas con la cooperación Sur-Sur para el
desarrollo.
115. En este sentido,
solicitamos que se establezca un mecanismo de coordinación interinstitucional
más formal y robusto para la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur, a fin de alentar la prestación de un apoyo conjunto a las iniciativas
de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular, y de intercambiar
información sobre las actividades de desarrollo y los resultados obtenidos por
los distintos fondos, organismos y organizaciones en apoyo de la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular.
116. Exhortamos también al
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo a promover la transferencia
de tecnologías desde los países desarrollados en beneficio de los países en
desarrollo a fin de resolver las cuestiones relativas a la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible, y, en este contexto, alentamos, en la
medida de lo posible, la cooperación tecnológica entre los países del Sur.
117. Reconocemos el papel
desempeñado por el Centro del Sur en el apoyo al Grupo de los 77. Exhortamos a
los miembros del Grupo a que sigan apoyando la labor del Centro y al Centro a
que amplíe sus actividades en beneficio de los países en desarrollo. Alentamos
a las organizaciones de países en desarrollo, incluidos los del Centro del Sur,
a aportar ideas y proponer planes de acción para seguir llevando a la práctica
la cooperación Sur-Sur.
Parte IV: Desafíos
mundiales
Alianza mundial para el
desarrollo
118. Desatacamos la
necesidad de que los países desarrollados asuman un nuevo y mayor compromiso
con la cooperación internacional a fin de prestar apoyo al cumplimiento de las
aspiraciones de desarrollo de los países en desarrollo. En el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se asumió un compromiso respecto de una
alianza mundial para el desarrollo, que representaba la dimensión de cooperación
internacional del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No
obstante, observamos con preocupación el considerable retraso en la alianza en
relación con los Objetivos, que contribuyó a que no se lograran muchos de los
objetivos y de las metas. Por consiguiente, pedimos que se cumplan urgentemente
todos los compromisos asumidos en el marco de la alianza mundial para el
desarrollo con el fin de corregir los desfases señalados en los informes del
Equipo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
119. También exhortamos a
los dirigentes de los países desarrollados a que convengan en una nueva fase de
cooperación internacional, y se comprometan con ella, mediante el
fortalecimiento y la ampliación de la alianza mundial para el desarrollo, que
debería ser el elemento central y el ancla tanto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como de la agenda para el desarrollo después de 2015. Esta alianza
mundial fortalecida debería incluir las cuestiones relativas al suministro de
recursos financieros a los países en desarrollo, la asistencia oficial para el
desarrollo, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, el
comercio, la transferencia de tecnología y una mayor participación de los
países en desarrollo en la gobernanza económica mundial.
Asistencia oficial para el
desarrollo
120. Reafirmamos que la
asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo la principal fuente
internacional de financiación para muchos países en desarrollo y que es esencial
como catalizador del desarrollo, ya que facilita el logro de los objetivos de
desarrollo nacionales, incluida la labor inconclusa de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para
el desarrollo después de 2015, de conformidad con lo establecido en el párrafo
246 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (“El futuro que queremos”).
121. Destacamos que los
países desarrollados deben cumplir y ampliar los compromisos asumidos en
materia de asistencia oficial para el desarrollo y los objetivos fijados, por
ejemplo, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el Consenso de
Monterrey, el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, la Declaración de
Doha sobre la Financiación para el Desarrollo y en otros foros pertinentes.
Para hacer frente a los consabidos problemas de desarrollo y a los problemas
nuevos e incipientes que están surgiendo en los países en desarrollo, en
particular los menos adelantados, es indispensable que las corrientes de la
asistencia para el desarrollo aumenten y sean más previsibles y sostenibles.
Recordamos el incumplimiento del compromiso contraído por los países
desarrollados en la reunión celebrada en Gleneagles (Reino de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte).
122. Instamos a los países
desarrollados a que cumplan su compromiso de asignar el 0,7% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para los países en
desarrollo, así como de lograr la meta de destinar del 0,15% al 0,20% de su
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para los
países menos adelantados y la de aumentarla al 1% del ingreso nacional bruto
para el año 2030. Expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que
siguen sin cumplirse los compromisos relativos a la asistencia oficial para el
desarrollo.
123. Los países
desarrollados no pueden utilizar la crisis financiera y económica mundial como
pretexto para eludir el cumplimiento de los compromisos ya contraídos en
materia de ayuda o la asunción de nuevos compromisos. Para responder con
eficacia a la crisis económica, es necesario cumplir puntualmente los
compromisos existentes en materia de ayuda, siendo apremiante e ineludiblemente
necesario que los donantes los cumplan. Por lo tanto, exhortamos colectivamente
a los países desarrollados a que cumplan los compromisos asumidos en materia de
asistencia oficial para el desarrollo y aumenten aún más los niveles de ayuda
en general, teniendo en cuenta que los países en desarrollo requerirán nuevos
recursos financieros adicionales y sostenibles, en gran medida y cuantía, para
poner en práctica una amplia gama de actividades de desarrollo.
124. Destacamos la
necesidad de asegurar un apoyo financiero nuevo y adicional a los países en
desarrollo como uno de los principales medios de ejecución para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los próximos Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La asistencia financiera debería proporcionarse sin supeditarla a
condiciones, puesto que las estrategias de desarrollo deberían ser dirigidas
por los países y deberían tener en cuenta las condiciones, necesidades y
prioridades propias de los países en desarrollo. Debería basarse en el
principio de la responsabilidad común pero diferenciada y en la cooperación
Norte-Sur como elemento fundamental y la Cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular como complementos útiles.
125. Destacamos que la
asistencia oficial para el desarrollo es una fuente importante para financiar
el desarrollo de los países en desarrollo que debería utilizarse de conformidad
con las prioridades nacionales en materia de desarrollo de esos países, sin
condiciones; y expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos
realizados por países donantes, fuera de los foros de las Naciones Unidas, de
redefinir la asistencia oficial para el desarrollo incluyendo otras fuentes de
financiación que no están vinculadas o relacionadas con el desarrollo de los
países en desarrollo, con el objetivo de ocultar la disminución de las
corrientes de asistencia oficial para el desarrollo que no se ajusta a los
compromisos que acordaron y que aún no han cumplido.
Deuda externa
126. Nos preocupa el hecho
de que, con la crisis económica mundial, las economías de un número cada vez
mayor de países en desarrollo se están viendo afectadas y de que algunos países
se están volviendo más vulnerables a nuevos problemas relacionados con la deuda
externa o incluso a crisis. Por consiguiente, resolver los problemas de la
deuda externa de los países en desarrollo constituye una parte importante de la
cooperación internacional y de la alianza mundial para el desarrollo
fortalecida.
127. Opinamos que las
crisis de la deuda suelen ser costosas y perturbadoras, y que por lo general
van seguidas de grandes recortes del gasto público y de una disminución del
crecimiento económico y el empleo. Esas crisis afectan más profundamente a los
países en desarrollo, y los que están muy endeudados no pueden regresar a la senda
del crecimiento sin asistencia internacional. Reconocemos la importancia que
tiene el alivio de la deuda, incluidos los procesos de cancelación,
reestructuración, moratoria y auditoría de la deuda. Los procesos de
reestructuración de la deuda deben tener como elemento central la determinación
de la capacidad real de pago, de modo que no afecten negativamente el
crecimiento económico ni el cumplimiento de la tarea inconclusa de hacer
realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015. A este respecto,
reiteramos la necesidad urgente de que la comunidad internacional examine
diferentes opciones para establecer un mecanismo internacional de solución del
problema de la deuda, que sea eficaz, equitativo, duradero, independiente y
orientado al desarrollo, y exhortamos a todos los países a que promuevan los
debates que se celebran en el seno de las Naciones Unidas y en otros foros
pertinentes, y a que contribuyan a ellos.
128. También recordamos que en decenios anteriores
y en los últimos años la gestión de la deuda soberana ha sido una cuestión
crucial para los países en desarrollo. En los últimos tiempos, ha surgido una
nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitre.
Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los
tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente
especulativo. Esos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros
de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para
los países desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la importancia de no
permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de
la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a
proteger a su pueblo conforme al derecho internacional.
129. Expresamos nuestra
grave preocupación por el aumento considerable de los riesgos en materia de
estabilidad financiera que encaran muchas economías desarrolladas y, en
particular, por las grandes debilidades estructurales que tienen esas economías
para financiar la deuda soberana creada como resultado de la transferencia del
riesgo privado al sector público. A este respecto, instamos a buscar soluciones
urgentes y coherentes que permitan reducir el riesgo soberano de las economías
desarrolladas, a fin de prevenir el contagio y mitigar su efecto en el sistema
financiero internacional y los países en desarrollo.
130. Hacemos hincapié en la
necesidad de asegurar que las políticas económicas y monetarias aplicadas por
los países desarrollados no afecten a la demanda agregada y la liquidez
mundiales, debido al objetivo de buscar el superávit en sus balanzas de pagos,
lo que tiene resultados negativos que se traducen en la reducción de los
ingresos globales de los países en desarrollo.
Reforma de la estructura
financiera mundial
131. Afirmamos la necesidad
de reformar la estructura financiera internacional, de manera que tengamos un
sistema financiero y monetario que refleje las realidades del siglo XXI,
incluido un sector financiero internacional debidamente reglamentado que
reduzca y desestimule las inversiones especulativas, a fin de que se puedan
movilizar los mercados de capital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de
que esos mercados desempeñen un papel constructivo en la agenda mundial para el
desarrollo.
132. También observamos que
siguen existiendo problemas fundamentales en el sistema financiero y monetario
mundial, en particular la falta de regulación para garantizar la estabilidad
financiera, los problemas de las monedas de reserva, la inestabilidad de los
tipos de cambio, las grandes corrientes transfronterizas de capital
especulativo y la insuficiencia o inexistencia de liquidez para los países en
desarrollo necesitados de recursos financieros, que encaran un déficit de
divisas o que requieren recursos para generar un crecimiento y desarrollo
sostenibles. Pedimos un programa de reformas, en el que los países en
desarrollo tengan voz, representación y participación plenas para hallar una
solución a esos problemas.
133. Observamos con
preocupación que la desregulación y la liberalización financieras han dado
lugar a una enorme ampliación de las corrientes financieras especulativas y del
comercio de derivados. La crisis económica y financiera de 2008 ha demostrado
que las finanzas internacionales han creado una economía propia, cada vez más
desconectada de la economía real de la producción, las inversiones directas, la
creación de empleo y el crecimiento de los salarios. Entre los efectos
negativos de la financialización se incluyen la inestabilidad de las corrientes
de capital, las fluctuaciones excesivas de los precios de los productos básicos
y los alimentos, las rápidas fluctuaciones cambiarias y los ciclos de auge y
caída en las crisis financieras y la recesión económica.
134. Instamos a que el
proceso de reforma de la estructura de gobernanza de las Instituciones de
Bretton Woods se finalice lo antes posible y sea mucho más ambicioso, y a que
se establezca un plan acelerado de introducción de nuevas reformas en lo
relacionado con la representación, la participación y la paridad del número de
votos de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones de
las Instituciones de Bretton Woods y en todos los debates sobre la reforma
monetaria internacional, así como en el funcionamiento de los nuevos acuerdos
sobre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI),
sobre la base de criterios que reflejen verdaderamente su mandato en la esfera
del desarrollo y con la participación de todas las partes interesadas en un
proceso transparente, consultivo e incluyente. A este respecto, pedimos a la
Asamblea General que ponga en marcha un proceso de reforma del sistema
financiero y monetario internacional.
135. Apoyamos el examen de
la posibilidad de crear un mecanismo intergubernamental de las Naciones Unidas
en el marco de la Asamblea General, como entidad responsable de supervisar el
funcionamiento del sistema económico y financiero mundial de forma integral y
sostenible. Es fundamental que este mecanismo supervise el impacto de
determinadas corrientes y políticas financieras internacionales que son
sistemáticamente importantes para prevenir la propagación de las crisis
económicas y financieras entre los países.
Reforma del sistema de
calificación crediticia
136. Destacamos que en las
medidas internacionales para volver a regular al sector financiero se debería
incluir a las agencias de calificación crediticia. Los gobiernos deberían
limitar su dependencia normativa de las agencias de calificación crediticia y
reformar sus regímenes jurídicos para responsabilizar a esas agencias por el
comportamiento negligente a fin de eliminar los conflictos de intereses y
asegurar la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia.
137. También recalcamos la
necesidad de contar con un sistema internacional de calificación crediticia más
transparente que tenga plenamente en cuenta las necesidades, preocupaciones y
peculiaridades de los países en desarrollo, en particular de los muy
endeudados. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por la solidez de
la metodología utilizada por las principales agencias de calificación
crediticia. Ponemos de relieve que es necesario aumentar la transparencia de
esas agencias y la competencia entre ellas, a fin de evitar las tendencias
oligopolísticas y sus efectos negativos. Reiteramos que la evaluación
inadecuada de la solvencia de los deudores puede generar o exacerbar las crisis
y, con ello, aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero. Es necesario
proseguir los debates en las Naciones Unidas y otros foros sobre el papel de
las agencias de calificación crediticia, con miras a proponer políticas
concretas que permitan reducir la dependencia que se tiene de esas agencias
mejorando su supervisión y aumentando la transparencia y la competencia
mediante el establecimiento de mecanismos de evaluación independientes.
Gobernanza económica mundial
138. Afirmamos que la
actual crisis financiera y económica mundial y sus consecuencias para el
desarrollo han puesto de relieve las deficiencias y los fracasos de la
gobernanza económica mundial, en particular en el seno de las instituciones financieras
internacionales, y la necesidad urgente de que la comunidad internacional dé
una respuesta global, universal e integrada. Observamos con profunda
preocupación que siete años después del inicio de la crisis mundial ha habido
pocos progresos para fortalecer los aspectos sistémicos, reglamentarios y
estructurales del sistema financiero mundial. Además, persiste la falta de
participación de los países en desarrollo en general en las cuestiones
económicas mundiales y la gobernanza; esto es motivo de grave preocupación
porque el funcionamiento del sistema mundial afecta a todos los países, y este
déficit democrático tiene consecuencias aún más graves para los países en
desarrollo cuando la economía mundial se está desacelerando o en recesión.
139. Exhortamos firmemente
a la comunidad internacional a que corrija el déficit democrático en la
gobernanza económica mundial y proporcione a los países en desarrollo el lugar
que legítimamente les corresponde y participación en la gobernanza y la
adopción de decisiones en todas las instituciones y foros donde se realicen
debates y se adopten decisiones sobre cuestiones económicas y financieras
mundiales.
140. Afirmamos que la labor
para reformar la estructura financiera internacional se debería por tanto reforzar
seriamente y coordinar a nivel internacional, y debería conducir a la plena
participación de los países en desarrollo en la adopción de decisiones y el
establecimiento de normas en los ámbitos financiero y económico
internacionales. Pedimos una reforma amplia de las instituciones de Bretton
Woods, incluido el fortalecimiento del poder de voto de los países en
desarrollo en un plazo estipulado, a fin de lograr mayor equidad entre países
desarrollados y países en desarrollo y eliminar todo tipo de condiciones
relacionadas con la ayuda.
141. Pedimos que se
complete con urgencia la reformar de la fórmula de cálculo de las cuotas que
hizo el FMI en 2010 para garantizar que las cuotas y la gobernanza del FMI
reflejen mejor el peso relativo de los países emergentes y en desarrollo en la
economía mundial. Sin embargo, una redistribución del derecho de voto solo para
reflejar la realidad no resolverá los problemas estructurales de inestabilidad
financiera y de falta de liquidez que necesitan solucionar los países en
desarrollo para generar los niveles necesarios de crecimiento y desarrollo
sostenibles. Además, la reforma debería abarcar la creación de liquidez, en
particular la mejora de los derechos especiales de giro para los países en
desarrollo. El FMI debe responder a las necesidades de los países en desarrollo
en el ámbito financiero de manera más equilibrada y flexible, sin imponer
condiciones procíclicas y respetando su necesidad de un margen normativo
adecuado. Además, el personal de nivel superior de las instituciones de Bretton
Woods debería designarse en función de sus méritos individuales mediante un
proceso de selección abierto y justo. Mientras el FMI no refleje las nuevas
realidades de la economía mundial y se siga designando a su Director General
mediante un proceso carente de transparencia, se seguirá poniendo en entredicho
su legitimidad.
142. Destacamos la
necesidad de celebrar una conferencia internacional de seguimiento de la
financiación para el desarrollo en 2015 para examinar la aplicación del
Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha con el fin de contribuir al
proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015.
143. Al tiempo que
respetamos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
carácter intergubernamental de la Organización, reconocemos la importante
función de las Naciones Unidas al constituir un foro intergubernamental,
incluso por medio de conferencias y cumbres internacionales, para el diálogo
universal y el consenso sobre los retos mundiales, con la debida participación
de los interesados pertinentes.
144. Reafirmamos la
posición central que ocupa la Asamblea General en su calidad de principal
órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las Naciones
Unidas, así como la función de la Asamblea en los asuntos mundiales de interés
para la comunidad internacional, como establece la Carta de las Naciones
Unidas.
Fortalecimiento y reorientación de las Naciones Unidas
145. Reafirmamos nuestro
compromiso de aumentar la participación de los países en desarrollo en los
órganos de adopción de decisiones de las instituciones multilaterales a fin de
que sean más acordes con la realidad geopolítica actual.
146. Subrayamos la
importancia de la función central de las Naciones Unidas en la gobernanza
económica mundial, que tiene por objeto mejorar la asociación mundial para el
desarrollo, con miras a crear un entorno mundial propicio y favorable para el
logro del desarrollo sostenible y asegurar la estabilidad financiera y
económica. En este contexto, la Asamblea General y un Consejo Económico y
Social fortalecido podrían actuar para mitigar los efectos de la crisis
financiera y económica internacional y garantizar el derecho de los países en
desarrollo a un margen normativo para el desarrollo sostenible.
147. Destacamos que el
fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas y de su función en la
cooperación internacional en pro del desarrollo es fundamental para aprovechar
las oportunidades y afrontar los problemas resultantes del proceso de
globalización, tanto en la actualidad como en el futuro. Reconocemos que es
preciso que las Naciones Unidas mejoren sus medios y capacidades para cumplir
plenamente sus mandatos y asegurar la ejecución eficaz de sus programas en el
ámbito del desarrollo social y económico. A ese respecto, instamos al
Secretario General a que siga reforzando el componente de desarrollo en toda la
Organización, incluida su Cuenta para el Desarrollo.
148. Instamos a los países
desarrollados a que demuestren una voluntad política genuina a fin de que en el
proceso de reforma de las Naciones Unidas, incluido el fortalecimiento y la
revitalización de la Asamblea General como emblema de la soberanía global,
pueda mejorar sus medios y capacidades para desempeñar plenamente sus mandatos
y asegurar la ejecución efectiva de su programa en los ámbitos social,
ambiental y de desarrollo económico.
149. Destacamos que el
fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas y de su función en la
cooperación internacional en pro del desarrollo es fundamental para aprovechar
las oportunidades y afrontar los problemas resultantes del proceso de
globalización, tanto en la actualidad como en el futuro. En este contexto,
expresamos nuestra preocupación por el creciente desequilibrio entre las cuotas
y las contribuciones voluntarias en los proyectos de presupuesto por programas
de la Organización. Destacamos también que el nivel de recursos que apruebe la
Asamblea General de las Naciones Unidas debe ser suficiente para que todos los
programas y actividades encomendados puedan ejecutarse íntegra y eficazmente.
150. Reafirmamos que
ninguna iniciativa de reforma de la Secretaría y la administración, inclusive
de los procesos presupuestarios, debe tener como propósito alterar el carácter
intergubernamental, multilateral e internacional de la Organización, sino el de
reforzar la capacidad de los Estados Miembros para cumplir su función de
supervisión y vigilancia, y que el examen y la aprobación previos por los
Estados Miembros son indispensables en todos los casos en que las medidas que
hayan de aplicarse guarden relación con las prerrogativas de la Asamblea
General, y a este respecto, recordamos la resolución 66/257. Reiteramos también
la necesidad de aumentar la representación de los países en desarrollo y la
representación de las mujeres de los países en desarrollo, en particular en las
categorías superiores, y de mejorar la distribución geográfica en la Secretaría
y aumentar la transparencia en el proceso de contratación.
151. Pedimos que continúen
los esfuerzos por reformar las Naciones Unidas, incluida la revitalización de
la Asamblea General y una reforma amplia del Consejo de Seguridad, que
correspondan a los intereses colectivos de los países en desarrollo.
152. Expresamos
preocupación por los recortes presupuestarios que afectan negativamente la
ejecución de los mandatos aprobados por los órganos intergubernamentales de las
Naciones Unidas, en particular en el componente de desarrollo, y el creciente
desequilibrio entre las cuotas y las contribuciones voluntarias.
153. Pedimos una mayor
transparencia, rendición de cuentas y supervisión por parte de los Estados
Miembros respecto de las contribuciones voluntarias y los recursos
extrapresupuestarios. Es importante que los recursos provenientes de las
contribuciones voluntarias y los recursos extrapresupuestarios se utilicen para
apoyar todas las prioridades acordadas por los Estados Miembros y se empleen
estrictamente de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación
Financiera Detallada de la Organización convenidos intergubernamentalmente.
154. Recalcamos la función
central de las Naciones Unidas en la gobernanza económica mundial como foro
multilateral verdaderamente universal e inclusivo, con una legitimidad
incuestionable, poder de convocatoria y marcos normativos. Ponemos de relieve
el importante papel que debería desempeñar la Asamblea General en el
nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, previa
recomendación del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 97 de la
Carta. En ese sentido, destacamos que el proceso de selección del Secretario
General debería incluir a todos los Estados Miembros y ser más transparente.
Además, consideramos que la rotación regional, así como el respeto de la
representación geográfica equitativa, deberían tenerse en cuenta durante los
procesos de selección y nombramiento.
155. Reconocemos también la
importancia de aumentar el número de nacionales de países en desarrollo en los
niveles superiores de la Secretaría, en particular en el Grupo Superior de
Gestión.
Transferencia de
tecnología, ciencia e innovación para el desarrollo
156. Creemos que la
integración de la ciencia, los conocimientos y la integración de la tecnología
y la innovación deben ser instrumentos para promover la paz y el desarrollo
sostenible de las personas, su bienestar y felicidad, y que, por tanto, deben
estar orientados a promover el empoderamiento de los pobres, la erradicación de
la pobreza y el hambre, la promoción de la solidaridad y la complementariedad
entre y dentro de los pueblos para que puedan vivir bien en armonía con la
Madre Tierra.
157. Expresamos nuestra
preocupación por que la ciencia, la tecnología y la innovación puedan ser
utilizadas indebidamente como instrumentos para limitar y socavar la soberanía
de los países, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
158. Pedimos que se ponga
fin a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluidas las redes sociales, en contravención del derecho internacional y en
detrimento de cualquier Estado, en particular los miembros del Grupo de los 77
o sus ciudadanos.
159. Reafirmamos que la
tecnología es esencial para hacer frente a los problemas de desarrollo en una
amplia variedad de cuestiones, como la alimentación y la agricultura, el agua y
el saneamiento, el cambio climático, la energía, la industria y la gestión de
productos químicos y de desechos. La transferencia de tecnología, la
integración de la tecnología y el desarrollo y la promoción de tecnologías
endógenas son importantes para que los países en desarrollo generen crecimiento
económico de manera ecológicamente sostenible. Exhortamos a los países
desarrollados a cumplir sus compromisos de transferir tecnología a los países
en desarrollo y facilitar el acceso a tecnología en condiciones favorables,
incluso en condiciones de favor y preferenciales, para que los países en
desarrollo puedan optar a una vía de desarrollo más sostenible.
160. Es fundamental que los
países desarrollados se vuelvan a comprometer con el objetivo de la
transferencia de tecnología como uno de los principales componentes, junto con
las finanzas, el desarrollo de la capacidad y el comercio, de la provisión de
medios de realización del desarrollo sostenible para los países en desarrollo,
y que tomen medidas para zanjar la brecha tecnológica. Pedimos la pronta
creación por el sistema de las Naciones Unidas de un mecanismo de facilitación
de la tecnología que promueva el desarrollo, la transferencia y la difusión de
tecnologías limpias y ambientalmente racionales, incluidas tecnologías de
combustibles fósiles menos contaminantes.
161. Pedimos que las
reglamentaciones y las políticas sobre la propiedad intelectual se incluyan en
un marco de desarrollo, en virtud del cual los derechos de propiedad
intelectual se orienten hacia la promoción de un desarrollo social, económico y
ambiental equilibrado. En este sentido, apoyamos las medidas adoptadas por los
países en desarrollo para promover la aplicación de las recomendaciones
adoptadas en el marco de la Agenda de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) para el Desarrollo de 2007. Reiteramos nuestro llamamiento
en el párrafo 8 vii) del Plan de Acción de Doha de 2005, aprobado en la Segunda
Cumbre del Grupo de los 77, de que la OMPI siga incluyendo en sus planes y
actividades futuros, entre otras cosas, asesoramiento jurídico, una dimensión
de desarrollo que abarque la promoción del desarrollo y el acceso de todos al
conocimiento, el establecimiento de normas que favorezcan el desarrollo, la
armonización con las normas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el
establecimiento de principios que favorezcan el desarrollo y la transferencia y
difusión de tecnología.
162. También reiteramos que
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC contiene medidas de flexibilidad
y que los Estados en desarrollo miembros de la OMC tienen derecho a
utilizarlas, como se confirmó en la Declaración Ministerial de la OMC de 2001
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, y apoyamos el uso de
esas disposiciones que prevén flexibilidad en nuestros países con el fin de
promover la salud, la educación y el desarrollo económico y social. Observamos
con gran interés y aprecio que algunos países en desarrollo han hecho uso con
éxito de algunas medidas de flexibilidad de los ADPIC para promover el uso de
medicamentos genéricos, que tienen menor costo y, por tanto, aumentan en gran
medida el acceso a medicamentos a precios asequibles. Rechazamos los intentos
de cualquier país desarrollado o de cualesquiera intereses comerciales de
presionar a los países en desarrollo a fin de que no ejerzan su derecho a hacer
uso de las medidas de flexibilidad del Acuerdo ADPIC para fines sociales y de
desarrollo, y expresamos nuestra solidaridad con los países en desarrollo que
han sido objeto de presiones de esa índole.
163. Destacamos la
necesidad de proteger los conocimientos de los países en desarrollo, los
pueblos indígenas y las comunidades locales respecto a los recursos genéticos,
la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, en particular de los
intentos constantes de personas o empresas de patentar esos recursos y
conocimientos sin la aprobación de los países, los pueblos indígenas y las
comunidades de que se trate.
164. Pedimos que se
intensifiquen las medidas de nuestros negociadores y encargados de formular
políticas para establecer mecanismos jurídicos a nivel internacional o nacional
a fin de prevenir la biopiratería exigiendo la divulgación del país de origen y
de pruebas de acuerdos de participación en los beneficios por los solicitantes
de esas patentes. Pedimos también disposiciones firmes y mecanismos eficaces
para la transferencia de tecnología, en particular el tratamiento adecuado de
la propiedad intelectual, en el régimen internacional relativo al cambio
climático en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
Comercio
165. Creemos que el
comercio en el contexto de políticas y normas apropiadas puede ser un
instrumento importante para el desarrollo económico. Debido a la crisis
financiera y económica mundial que continúa, se ha producido un declive del
comercio que ha tenido graves efectos en muchos países en desarrollo a causa
del descenso de los ingresos de las exportaciones, las barreras comerciales y
los subsidios que distorsionan el comercio en los países en desarrollo, y el
acceso restringido a la financiación del comercio y la disminución de las
inversiones en la diversificación de la producción y en la promoción de las
exportaciones y sigue siendo motivo de preocupación. Es esencial establecer y
mantener un sistema comercial multilateral universal, justo, basado en normas,
abierto, favorable al desarrollo, no discriminatorio, inclusivo y equitativo
que contribuya al crecimiento, al desarrollo sostenible y al empleo, en
particular en los países en desarrollo.
166. Pedimos que concluya
oportuna y satisfactoriamente la Ronda de Doha de negociaciones comerciales
multilaterales, que debe atenerse plenamente a su mandato en materia de
desarrollo y estar centrada en las necesidades y prioridades de los países en
desarrollo. Tras la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en
2013, pedimos un proceso de negociación inclusivo y transparente y que se dé
prioridad a los intereses y problemas de los países en desarrollo en el
programa posterior a Bali. Vemos con preocupación que algunos países
desarrollados miembros de la OMC tienen más interés en obtener acceso a los
mercados de los países en desarrollo, pero no están dispuestos a adoptar
medidas adecuadas para eliminar o reducir el proteccionismo en su sector de la
agricultura ni a facilitar más acceso a los mercados a los países en
desarrollo.
167. Reiteramos que los
países desarrollados deben proporcionar una asistencia técnica y una creación
de capacidad relacionadas con el comercio eficaces, financiadas adecuadamente y
adaptadas a las necesidades y las limitaciones específicas de los países en
desarrollo, en particular mediante el Marco Integrado Mejorado de la OMC, para
abordar las limitaciones de los países menos adelantados respecto de la
infraestructura y la capacidad productiva relacionadas con la oferta y el
comercio. Asimismo, es fundamental que los países en desarrollo tengan acceso a
asistencia financiera y técnica para desarrollar su capacidad a fin de aplicar
efectivamente el nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. En
este contexto, debe prestarse especial atención, entre otros elementos, a los
proyectos y programas orientados a desarrollar y fortalecer corredores para
reducir los costos del tránsito internacional.
168. Ponemos de relieve la
importancia de facilitar la adhesión a la OMC. El proceso de adhesión debe
acelerarse sin impedimentos políticos y de manera expedita y transparente para
los países en desarrollo, en plena conformidad con las normas de la OMC. Esto
contribuiría a la integración rápida y plena de los países en desarrollo en el
sistema comercial multilateral.
169. Creemos que las normas
comerciales, en la OMC o en los acuerdos de comercio bilaterales y regionales,
deberían permitir que los países en desarrollo dispongan de suficiente margen
normativo para que puedan hacer uso de instrumentos y medidas de políticas
necesarios para su desarrollo económico y social. Reiteramos nuestra petición
de que se fortalezca de manera efectiva el trato especial y diferenciado y los
principios y las disposiciones de la OMC que no conlleven una reciprocidad
plena a fin de ampliar el margen normativo de los países en desarrollo y
permitirles beneficiarse más del sistema comercial multilateral. También
pedimos que los acuerdos bilaterales de comercio e inversión entre países
desarrollados y países en desarrollo tengan un trato especial y diferenciado
suficiente para los países en desarrollo para que puedan conservar un margen
normativo adecuado para el desarrollo social y económico.
Migración
170. Consideramos que el
nexo entre la migración y el desarrollo deben abordarse de manera integral,
teniendo en cuenta las dimensiones económica, social y ambiental e incluir una
perspectiva cultural y humana. Reconocemos la necesidad de abordar esta
cuestión mediante la cooperación y el diálogo internacionales, regionales o
bilaterales y a través de un enfoque amplio, equilibrado, coordinado y
consistente, reconociendo las funciones y responsabilidades de los países de
origen, tránsito y destino en la promoción y la protección efectivas de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes y sus
familiares, especialmente los de las mujeres y los niños, independientemente de
su situación migratoria.
171. Observamos que a pesar
de los progresos logrados en los debates, el diálogo y la cooperación a nivel
internacional, la migración aún no se reflejaba adecuadamente en los marcos de
desarrollo, los programas de desarrollo y las políticas sectoriales tanto
nacionales como mundiales. Por tanto, estamos explorando la posibilidad de una
convención jurídicamente vinculante sobre la migración y el desarrollo para
mejorar la gobernanza de la migración internacional, proteger y promover los
derechos humanos de los migrantes y su contribución al desarrollo,
independientemente de su situación migratoria.
172. Reconocemos la
importante función que desempeñan los migrantes como asociados en el desarrollo
de los países de origen, tránsito y destino y la necesidad de mejorar la protección
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los trabajadores
migratorios y sus familiares. También destacamos la necesidad de seguir
examinando el reconocimiento de las calificaciones y competencias de los
migrantes y su acceso a servicios financieros de bajo costo para las remesas.
Cambio climático
173. Afirmamos que la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el
principal foro internacional intergubernamental para negociar la respuesta
mundial al cambio climático. En este sentido, destacamos que la respuesta
internacional al cambio climático debe respetar plenamente los principios,
disposiciones y objetivo último de la Convención, en particular los principios
de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades
respectivas.
174. Reiteramos que la
consecución del objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático requerirá reforzar el régimen multilateral basado en
normas en virtud de la Convención, y por tanto, reafirmamos además la
importancia de continuar las negociaciones sobre el cambio climático en el
marco de la Convención de conformidad con sus principios y disposiciones, y
aprobar en 2015 un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión
acordada con fuerza legal en el marco de la Convención aplicable a todas las
partes.
175. Recordamos que el
cambio climático es uno de los problemas mundiales más graves de nuestro
tiempo. Recalcamos que los países en desarrollo siguen siendo los que más
sufren los efectos adversos del cambio climático, el aumento de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y las consecuencias de las
medidas de respuesta, a pesar de que son los que menos contribuyen al cambio
climático. En consecuencia, pedimos a los países desarrollados que encabecen la
respuesta al cambio climático. El cambio climático pone en peligro no solo las
perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo y su logro del
desarrollo sostenible, sino también la propia existencia y supervivencia de los
países y las sociedades.
176. Reconocemos que los
países de baja altitud y otros pequeños países insulares, los países en
desarrollo con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas o zonas expuestas
a inundaciones, sequía y desertificación, y los países en desarrollo con
ecosistemas montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático.
177. Reafirmamos la
importancia de la aplicación del mecanismo de Varsovia para las pérdidas y los
daños relacionados con las repercusiones del cambio climático, aprobado en el
19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Varsovia del 11
al 23 de noviembre de 2013 (decisión 2/CP.19). Reconocemos también la necesidad
urgente de adoptar medidas concretas en este año, antes de la celebración del
20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en
Lima, para la puesta en marcha inmediata del mecanismo.
178. Hacemos hincapié en
que los países desarrollados, habida cuenta de su responsabilidad histórica,
deben tomar las riendas a la hora de abordar ese reto acogiéndose a los
principios y las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, en particular los principios de responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas y de equidad, y
proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo en forma
transparente, adecuada y previsible con arreglo a una modalidad de vigilancia,
presentación de informes y verificación.
179. Reiteramos que la
medida en que los países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus
compromisos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático dependerá de la manera en que los países desarrollados lleven
a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención
relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología y tengan
plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de
la pobreza son las prioridades primeras y absolutas de los países en
desarrollo.
180. Destacamos la
necesidad de resolver urgentemente la cuestión del establecimiento de objetivos
deliberadamente poco ambiciosos, y manifestamos preocupación por la falta de
cumplimiento de los compromisos por los países desarrollados. Para hacer frente
a esas dificultades, la atención no debe limitarse solamente a la mitigación
sino abordar también las lagunas en materia de financiación, tecnología y apoyo
para el desarrollo de capacidad, equilibradas con un enfoque centrado en la
adaptación al cambio climático. Ponemos de relieve que los países desarrollados
deben asumir compromisos de mitigación firmes y ambiciosos, con metas
cuantitativas ambiciosas respecto de la reducción y la limitación de emisiones,
de acuerdo con los niveles dictados por la ciencia y establecidos en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
181. Reiteramos la urgencia
de acelerar el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y de
su pronta capitalización, y exhortamos a los países desarrollados a alcanzar el
objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares cada año para 2020 a fin de
atender a las necesidades de los países en desarrollo.
182. Afirmamos nuestro
apoyo para el éxito de la reunión que se celebrará en la República Bolivariana
de Venezuela antes del 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
que se celebrará en Lima, y reafirmamos la necesidad de lograr progresos en las
negociaciones para alcanzar un acuerdo ambicioso, equilibrado, justo y eficaz
en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, de conformidad con sus principios y disposiciones, que se acordará
en 2015 y entrará en vigor en 2020 que realmente contribuya a la estabilización
del sistema climático.
Biodiversidad
183. Reafirmamos el
reconocimiento que figura en el documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible acerca de la gravedad de la
pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y ponemos
de relieve que socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad
alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la
salud de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo,
incluidas las generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia de
conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y aumentar la
resiliencia de los ecosistemas.
184. Reconocemos la
importancia del papel de las medidas colectivas de los pueblos indígenas y las
comunidades locales para proteger, utilizar y conservar la biodiversidad.
Reafirmamos también que los conocimientos, innovaciones y prácticas
tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una
contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
y que su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los medios de
vida sostenibles. Reconocemos además que a menudo los pueblos indígenas y las
comunidades locales son los que más directamente dependen de la biodiversidad y
los ecosistemas, y por tanto, con frecuencia son los más inmediatamente
afectados por su pérdida y degradación.
185. Acogemos con
beneplácito los importantes resultados de la 11ª reunión de la Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad
(India) en octubre de 2012, en particular el compromiso de duplicar las
corrientes financieras internacionales relacionadas con la biodiversidad hacia
los países en desarrollo para 2015 y como mínimo mantener ese nivel hasta 2020
a fin de contribuir a alcanzar los tres objetivos del Convenio. Exhortamos
también a las Partes en el Convenio a examinar los avances a ese respecto en la
12ª reunión de la Conferencia de las Partes con miras a adoptar una meta
definitiva para la movilización de recursos.
186. Acogemos con
beneplácito la reunión informativa conjunta celebrada en 2013 por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMPI, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el PNUD, la UNCTAD,
la secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura y la secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica sobre la aplicación de los objetivos del Convenio,
incluidas las medidas adoptadas para promover el acceso a los recursos
genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de
su utilización y los conocimientos tradicionales conexos. Señalamos que se
deberían alentar interacciones similares, reconociendo los respectivos mandatos
de las organizaciones participantes, y exhortamos a todos los Estados Miembros,
en particular a los países desarrollados, a que aceleren el proceso de
ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
187. Observamos con
profunda preocupación el aumento sin precedentes de la caza furtiva y el
comercio ilícito de vida silvestre y sus productos en todas las regiones, en
particular de colmillos de elefante y cuernos de rinoceronte. Destacamos que
esa tendencia es perjudicial para el equilibrio ecológico, promueve la
delincuencia dentro y a través de las fronteras y se le debe poner fin con
urgencia a fin de evitar invertir decenios de ganancias con la conservación.
Por tanto, condenamos enérgicamente la caza furtiva y los delitos relacionados
con el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, y acordamos aumentar la
cooperación internacional de conformidad con la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y otros
acuerdos pertinentes para poner freno a esas prácticas, hacer frente a la
demanda y la oferta de la flora y la fauna silvestres y sus productos, y
aumentar la capacidad de las comunidades afectadas por ese tráfico para
promover oportunidades de medios de vida sostenibles.
Bosques
188. Resaltamos los
beneficios sociales, económicos y ambientales que tienen los bosques para las
personas y las contribuciones de la gestión forestal sostenible al objetivo del
desarrollo sostenible. Apoyamos las políticas intersectoriales e
interinstitucionales que promuevan la gestión forestal sostenible (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible) y reconocemos también la
importancia de los enfoques holísticos, integrales y alternativos para la
gestión forestal sostenible elaborados en el marco de las negociaciones sobre
el cambio climático.
189. Observamos el
resultado del décimo período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre
los Bosques, celebrado en Estambul (Turquía), del 8 al 19 de abril de 2013, y
recalcamos la importancia de los cuatro objetivos mundiales sobre los bosques
para la comunidad internacional en su conjunto, en particular para los países
en desarrollo. El cuarto objetivo mundial es particularmente pertinente para
los países en desarrollo, ya que señala la necesidad de invertir la disminución
de la asistencia oficial para el desarrollo y movilizar recursos financieros
nuevos y adicionales para aplicar una gestión forestal sostenible. Para cumplir
el cuarto objetivo mundial es fundamental respetar el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países desarrollados y
en desarrollo. A este respecto, instamos a los países desarrollados a ejercer
una voluntad política firme y la flexibilidad necesaria para contribuir a
lograr la gestión forestal sostenible.
190. Pedimos que se
establezca un nuevo fondo silvícola mundial que esté en consonancia con los
principios del desarrollo sostenible. Consideramos que es necesario a fin de
canalizar la financiación necesaria para los países en desarrollo a fin de
gestionar de manera sostenible sus bosques.
Desertificación,
degradación de las tierras y sequía
191. Reafirmamos que la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía son motivos de grave
preocupación para los países en desarrollo. Por tanto, es urgente que se
adopten medidas internacionales encaminadas a hacer frente a esos problemas.
Ponemos de relieve la gran importancia de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o
Desertificación, en Particular en África, destacando que la desertificación, la
degradación de las tierras y la sequía socavan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible. Reiteramos que hacer frente a la desertificación, la
degradación de las tierras y la sequía permite a los países abordar varios
retos en materia de política de escala mundial, como la seguridad alimentaria,
la adaptación al cambio climático y la migración forzada. En este contexto,
observamos la realización del 11º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención de Lucha contra la Desertificación, celebrado en
Windhoek del 16 al 27 de septiembre de 2013.
192. Reiteramos la
necesidad de cooperar mediante el intercambio de información sobre el clima y
meteorológica y los sistemas de pronóstico y alerta temprana relacionados con
la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, así como sobre
las tormentas de polvo y arena, a nivel mundial, regional y subregional. En
este sentido, invitamos a los Estados y a las organizaciones competentes a que
cooperen en el intercambio de la información y los sistemas de pronóstico y
alerta temprana conexos.
Océanos y mares
193. Destacamos la
importancia de la conservación y el uso sostenible de los océanos y mares y sus
recursos para el desarrollo sostenible, en particular debido a su contribución
a la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la
seguridad alimentaria, la creación de medios de vida sostenibles y trabajo
decente, así como de la protección de la biodiversidad y el medio marino y las
medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Por tanto, nos
comprometemos a proteger y restablecer la salud, la productividad y la
resiliencia de los océanos y ecosistemas marinos, mantener su biodiversidad,
promover su conservación y uso sostenible para las generaciones presentes y
futuras y lograr las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
Gobernanza de Internet,
incluido el derecho a la intimidad
194. Vemos con
consternación que algunos países han realizado recientemente actividades de
vigilancia o de interceptación de las comunicaciones extensas, arbitrarias e
ilegales, incluidas la vigilancia o la interceptación extraterritoriales de
comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluso a gran escala, de
personas e instituciones de otros países, en particular de dirigentes
políticos, altos funcionarios y diversos departamentos gubernamentales y
organismos, así como de ciudadanos. Pedimos que se ponga fin a esas
actividades, que violan el derecho humano a la intimidad de las personas y tienen
efectos negativos en las relaciones entre los países. En este sentido, pedimos
que entidades intergubernamentales examinen y revisen el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones a fin de asegurar que se ajusten
plenamente al derecho internacional, incluido el derecho de los derechos
humanos, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.
195. Acogemos con
beneplácito la celebración de NETmundial, la Reunión Global de Múltiples Partes
Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, que tuvo lugar en São
Paulo (Brasil), los días 23 y 24 de abril de 2014, y tomamos nota de su
documento final.
196. Ponemos de relieve las
importantes posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluidas las redes sociales y la infraestructura conexa, como
medio para promover un mejor entendimiento entre las naciones y el logro de los
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.
197. Reconocemos al mismo
tiempo que el uso ilegal de las tecnologías de la información y las
comunicaciones tiene efectos negativos en las naciones y sus ciudadanos. En
este sentido, expresamos nuestro firme rechazo a la utilización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en violación del derecho
internacional, incluido el derecho a la intimidad, y a toda medida de esta
índole dirigida contra cualquier Estado Miembro, en particular un Estado
miembro del Grupo de los 77.
198. Subrayamos además la
importancia de velar por que la utilización de esas tecnologías sea plenamente
compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y
del derecho internacional, en particular los principios de soberanía, no
injerencia en los asuntos internos y las normas internacionalmente reconocidas
de la coexistencia civil entre los Estados.
199. En este sentido,
observamos con preocupación la información publicada en medios de comunicación
internacionales sobre los objetivos de la denominada red “ZunZuneo”, que
constituiría un uso ilícito de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones.
200. Por consiguiente,
reiteramos nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos internacionales
dirigidos a salvaguardar el ciberespacio y promover su uso exclusivo para la
consecución de fines pacíficos y como vehículo para contribuir al desarrollo
económico y social, y resaltamos que la cooperación internacional, respetando
plenamente los derechos humanos, es la única opción viable para fomentar los
efectos positivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
evitar sus posibles efectos negativos, promover su uso con fines pacíficos y
legítimos y garantizar que los avances científicos y tecnológicos tengan por
objeto preservar la paz y promover el bienestar y el desarrollo de nuestras
sociedades.
Objetivos de Desarrollo
del Milenio
201. Expresamos nuestro
compromiso de intensificar los esfuerzos encaminados a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio antes de 2015 y de asumir un papel rector para dar
forma a la agenda internacional para el desarrollo después de 2015. Exhortamos
a la comunidad internacional a que redoble todos los esfuerzos para acelerar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de aquí a 2015 mediante
medidas concretas.
202. Observamos los
progresos logrados hasta la fecha para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, pero nos preocupan la desigualdad y las deficiencias en el logro y los
enormes desafíos socioeconómicos y ambientales que persisten en los países en
desarrollo. Reiteramos que los Objetivos siguen siendo fundamentales para
atender las necesidades básicas de la población de los países en desarrollo,
muchos de los cuales no están en condiciones de alcanzarlos para 2015.
203. Recalcamos el papel
central que corresponde a la alianza mundial para el desarrollo y la
importancia del octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio para la consecución
de todos los Objetivos, y que sin un apoyo internacional sustancial y cambios
sistémicos, muchos países en desarrollo no lograrán alcanzar varios Objetivos
para 2015. Exhortamos a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos
para que se proporcionen a los países en desarrollo mejores medios para
progresar mediante una alianza mundial renovada basada en la búsqueda colectiva
de medidas destinadas a erradicar la pobreza y las privaciones.
Desarrollo sostenible y
Objetivos de Desarrollo Sostenible
204. Recordamos y
reafirmamos la aseveración que hicieron los dirigentes mundiales en el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, titulado “El futuro que queremos”, de que la erradicación de la
pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una
condición indispensable del desarrollo sostenible.
205. Reiteramos que
erradicar la pobreza, modificar las modalidades de consumo y producción
insostenibles y promover modalidades sostenibles, y disponer la protección y la
ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social
son objetivos generales y requisitos indispensables para el desarrollo
sostenible. Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo
sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando
mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los
niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la
inclusión, y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos
naturales y los ecosistemas, que contribuye, entre otras cosas, al desarrollo
económico, social y humano y facilita al mismo tiempo la conservación, la
regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a
los problemas nuevos y en ciernes.
206. Destacamos que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían abordar y centrarse
prioritariamente en la integración de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (económica, social y ambiental), regirse por el documento final de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, respetar
todos los Principios de Río y tener en cuenta las diferentes circunstancias,
capacidades y prioridades nacionales.
207. Reafirmamos que el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible es la base de la labor del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea
General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Subrayamos que para
avanzar en el logro del objetivo general de erradicar la pobreza es importante
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basen en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los complementen.
208. Destacamos que los
avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de
2015 dependerán de la medida en que se cree un entorno internacional propicio
que favorezca el desarrollo y se faciliten los medios de ejecución pertinentes
a los países en desarrollo, en particular en las esferas de las finanzas, el
comercio, la tecnología y la creación de capacidad.
209. Reafirmamos que los
principios rectores del Objetivos de Desarrollo Sostenible deben basarse en
todos los principios establecidos en las grandes cumbres y conferencias de las
Naciones Unidas en las esferas económica, ambiental y social, teniendo en
cuenta, entre otros, los enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y los derivados
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012),
la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2002) y
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), y deben ajustarse al derecho
internacional. El proceso y los resultados del Grupo de Trabajo Abierto de la
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben respetar
plenamente todos los Principios de Río, en particular el principio de la responsabilidad
común pero diferenciada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben
contribuir a la plena aplicación de los resultados de todas las grandes cumbres
en las esferas económica, social y ambiental.
210. Reafirmamos que
reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que
“Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos
que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la
promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un
justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de
las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la
naturaleza. Pedimos que se adopte un enfoque holístico e integrado del
desarrollo sostenible, que podría incluir, entre otras cosas, el reconocimiento
por algunos países de los principios antes mencionados, que lleve a la
humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y que propicie la adopción de
medidas para restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.
211. Acogemos con
satisfacción el diálogo interactivo de la Asamblea General sobre la Armonía con
la Naturaleza, celebrado el 22 de abril de 2013 con ocasión del Día
Internacional de la Madre Tierra, en el que se examinaron diferentes enfoques
económicos en el contexto del desarrollo sostenible a fin de promover una base
más ética en la relación entre los seres humanos y la Tierra, así como la
necesidad de fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, teniendo en
cuenta la importancia de estudiar la adopción y la aplicación de políticas que
conformen estrategias nacionales de desarrollo que promuevan una mejor
distribución de los beneficios y no se circunscriban a la mera producción de
materias primas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 67/214 de la
Asamblea General.
212. Recalcamos que el
informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible debe ser el resultado de un proceso intergubernamental
inclusivo. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de participar
activamente en tales negociaciones.
213. Subrayamos la
necesidad de definir medios de ejecución adecuados para todos y cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la necesidad de un objetivo de
desarrollo sostenible dedicado expresamente al fortalecimiento de la alianza
mundial para el desarrollo sostenible, con compromisos generales con respecto a
los medios de ejecución y la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible.
Agenda para el desarrollo
después de 2015
214. Reafirmamos la
importancia fundamental de que la agenda para el desarrollo después de 2015 se
establezca en un proceso de negociación intergubernamental justo, transparente
e inclusivo, según lo decidido en el acto especial de seguimiento de la labor
realizada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrado en
2013. Destacamos que ese proceso de negociación intergubernamental deberá
centrarse en sus modalidades y aspectos sustantivos de modo que se genere un
documento final negociado y convenido que tenga plenamente en cuenta los
resultados de los diversos procesos de seguimiento previstos por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y de las principales
cumbres y conferencias relacionadas con los ámbitos social, económico y
ambiental.
215. Recordando la
afirmación hecha en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que
afronta el mundo y una condición indispensable del desarrollo sostenible,
hacemos hincapié en que la erradicación de la pobreza debe seguir siendo el
objetivo central y conductor de la agenda para el desarrollo después de 2015.
Estamos firmemente convencidos de que la agenda para el desarrollo después de
2015 debe reforzar el compromiso de la comunidad internacional de erradicar la
pobreza para 2030.
216. Subrayamos la
necesidad de adoptar un enfoque coherente en lo que respecta a la agenda para
el desarrollo después de 2015, que refuerce el compromiso de la comunidad
internacional de erradicar la pobreza e integrar las tres dimensiones del
desarrollo sostenible de manera equilibrada, con la contribución del Grupo de
Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el proceso de financiación para el desarrollo, el Comité
Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible, el
proceso para formular opciones con respecto a un mecanismo de las Naciones
Unidas de facilitación de la tecnología y otros procesos pertinentes.
217. Reafirmamos que la
agenda para el desarrollo después de 2015 debe ajustarse plenamente a los
Principios de Río, en particular al principio de la responsabilidad común pero
diferenciada.
218. Subrayamos la
importancia de fortalecer la alianza mundial para el desarrollo, que se ha de
basar en objetivos cuantificados con plazos concretos, en consonancia con el
octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio y de conformidad con el principio de
la responsabilidad común pero diferenciada en el marco de la agenda para el
desarrollo después de 2015. La piedra angular de esta alianza sigue siendo la
cooperación Norte-Sur, de la que la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular son un complemento útil. En consecuencia, los países desarrollados
han de reafirmar su compromiso de intensificar la cooperación internacional y
prestar un mayor apoyo a los países en desarrollo. Hacemos hincapié en la
necesidad de que los países desarrollados cumplan urgentemente los compromisos
de asistencia oficial para el desarrollo que han contraído de manera individual
y colectiva, en particular la meta de destinar el 0,7% de su producto nacional
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para el año 2015 y la meta de
destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su producto nacional bruto a la
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.
219. Hacemos hincapié en
que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe abordar de manera
sustantiva cuestiones relativas a la reforma de las instituciones de gobernanza
económica mundial a fin de dar mayor voz y participación a los países en
desarrollo en la adopción de decisiones en esas instituciones. Observamos
también que los sistemas económicos, financieros y comerciales mundiales siguen
estando desequilibrados, en detrimento de los países en desarrollo, y a este
respecto destacamos la importancia de indicar, en la agenda para el desarrollo
después de 2015, las deficiencias y los desequilibrios de esos sistemas
mundiales y de proponer medidas para mejorarlos con objeto de favorecer la
agenda y los programas de desarrollo de los países en desarrollo.
220. Afirmamos la necesidad
de un mecanismo sólido de aplicación de la agenda para el desarrollo después de
2015 que asegure la disponibilidad de recursos para el desarrollo para lograr
los objetivos fijados. En este sentido, pedimos que se intensifique la
financiación para el desarrollo, se establezcan y mejoren mecanismos de
transferencia de tecnología y se potencien iniciativas para desarrollar la
capacidad de los países en desarrollo.
221. Pedimos que se adopte
un enfoque de rendición de cuentas responsable con respecto a las alianzas de
las que formen parte las Naciones Unidas, en particular en lo referente a la
participación del sector privado, la sociedad civil y entidades filantrópicas.
A este respecto, reafirmamos que es preciso aumentar la transparencia, la
coherencia y la sostenibilidad, así como la rendición de cuentas a los Estados
Miembros en las alianzas de las Naciones Unidas, y destacamos la necesidad de
que haya establecidos procedimientos para que los Estados Miembros examinen y
aprueben este tipo de iniciativas en la Asamblea General a fin de preservar el
carácter intergubernamental de las Naciones Unidas.
222. Hacemos hincapié en
que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe ser una agenda para el
desarrollo y en que, en este contexto, es importante promover el desarrollo económico,
social y ambiental de manera integral, equilibrada y coordinada. Esta agenda
debe tener un mayor alcance que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
abarcar las esferas, las cuestiones y los grupos de población que son
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.
223. Destacamos también la
importancia de que la agenda para el desarrollo después de 2015, si se pretende
que sea de carácter global y universalmente aplicable a todos, respete
plenamente el margen normativo en materia de desarrollo de los países en
desarrollo, de forma que puedan recurrir a las medidas y los instrumentos
normativos necesarios para poner en práctica sus políticas de erradicación de
la pobreza y otros planes y programas de desarrollo. Destacamos también que la
agenda para el desarrollo después de 2015 debe promover el crecimiento
económico rápido, sostenido e inclusivo en los países en desarrollo como
requisito fundamental para erradicar la pobreza y el hambre y reducir las
desigualdades dentro de los países y de un país a otro.
Parte V: Necesidades
particulares de los países en desarrollo en situaciones especiales
224. Recordamos las
necesidades especiales de África, único continente que no va camino de alcanzar
los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconocemos que, si bien se está
reanudando el crecimiento económico, es necesario apuntalar la recuperación,
que es frágil y desigual, para hacer frente a los actuales efectos adversos de las
múltiples crisis en el desarrollo y a las graves dificultades que suponen para
la lucha contra la pobreza y el hambre, que podrían comprometer aún más el
logro en África de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
225. Expresamos profunda
preocupación por el hecho de que no se ha cumplido plenamente el compromiso de
duplicar la ayuda a África antes de 2010 formulado en la cumbre del Grupo de
los Ocho celebrada en Gleneagles (Reino Unido) y, a este respecto, recalcamos
la necesidad de avanzar con rapidez en el cumplimiento de esos compromisos y
los asumidos por otros donantes de aumentar la ayuda a los países africanos por
medios diversos, entre ellos la aportación de nuevos recursos adicionales, la
transferencia de tecnología y la creación de capacidad, y de contribuir a su
desarrollo sostenible. Pedimos que se siga prestando apoyo a las iniciativas de
desarrollo de África, como la Agenda 2063 (plan estratégico y marco de
prioridades para el desarrollo socioeconómico a escala continental), la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África y el Programa de Desarrollo de la
Infraestructura en África. Por otro lado, acogemos con satisfacción el apoyo
prestado a África por algunos países en desarrollo mediante programas de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular.
226. Manifestamos
preocupación ante la situación de los países menos adelantados, que sigue
deteriorándose como consecuencia de las múltiples crisis mundiales actuales,
que se exacerban mutuamente. Es evidente que la actual crisis financiera y
económica mundial está socavando el desarrollo en los países menos adelantados.
Como consecuencia del retroceso en los modestos avances en materia de
desarrollo conseguidos a lo largo de los años por estos países, está aumentando
el número de personas abocadas a la pobreza extrema en su territorio. Muchos
países menos adelantados siguen estando lejos de alcanzar los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Hacemos hincapié en la necesidad de llevar a la práctica de forma
plena y efectiva los compromisos asumidos en el Programa de Acción en Favor de
los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020. Subrayamos además la necesidad
vital de hacer efectiva rápidamente una alianza mundial renovada y fortalecida
para los países menos adelantados a fin de superar sus problemas estructurales,
erradicar la pobreza, alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente y ayudar a la mitad de los países menos adelantados a
cumplir los criterios que les permitan salir de esa categoría para 2020.
227. Recordamos que las
vulnerabilidades específicas y particulares de los pequeños Estados insulares
en desarrollo han sido reconocidas por la comunidad internacional en varias
reuniones de las Naciones Unidas, como por ejemplo las celebradas en Río de
Janeiro (1992), Barbados (1994), Johannesburgo (2002) y Mauricio (2005), y
señalamos con preocupación que no se han tomado suficientes medidas a nivel
internacional para subsanar esas vulnerabilidades y apoyar con eficacia los
esfuerzos de dichos Estados en pro del desarrollo sostenible. Recordamos que el
cambio climático y la elevación del nivel del mar constituyen la mayor amenaza
para la supervivencia y la viabilidad de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y para sus esfuerzos por lograr los objetivos de desarrollo
sostenible, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a que se
comprometa a aumentar con carácter urgente la cooperación internacional en
apoyo de dichos esfuerzos, en particular mediante el incremento de recursos
financieros, el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y
conocimientos especializados, y una mayor participación de los pequeños Estados
insulares en desarrollo en la toma de decisiones económicas a nivel
internacional. Acogemos con beneplácito la decisión de convocar la tercera
Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, que se celebrará en 2014 en Apia, y pedimos
que se aumenten las medidas de asistencia a los pequeños Estados insulares en
desarrollo en la aplicación del Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la Estrategia de
Mauricio para la Ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible
de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Nos comprometemos a trabajar
en pro de un resultado sólido para la Conferencia de Apia que sirva de apoyo a
los pequeños Estados insulares en desarrollo en sus necesidades y aspiraciones
en materia de desarrollo sostenible.
228. Reconocemos las
necesidades y los desafíos especiales que afrontan los países en desarrollo sin
litoral, causados por su falta de acceso territorial al mar, situación agravada
por la lejanía de los mercados mundiales, y expresamos también nuestra
preocupación por el hecho de que el crecimiento económico y el bienestar social
de los países en desarrollo sin litoral siguen siendo muy vulnerables a las
perturbaciones externas así como a los múltiples desafíos que enfrenta la
comunidad internacional, como la crisis financiera y económica y los cambios
climáticos. Hacemos hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional
aumente la asistencia para el desarrollo a los países en desarrollo sin litoral
para ayudarles a subsanar sus vulnerabilidades, aumentar la resiliencia y
adoptar una senda de desarrollo social y económico sostenible. Reafirmamos la
necesidad de atender sin dilación las necesidades especiales de desarrollo y
los desafíos que enfrentan los países en desarrollo sin litoral y de tránsito a
través de su asociación genuina con el apoyo y cooperación suficientes de la
comunidad internacional para la eficaz aplicación de las prioridades del
Programa de Acción de Almaty y su programa sucesor. Acogemos con beneplácito la
decisión de la Asamblea General de celebrar una conferencia de examen global
decenal del Programa de Acción de Almaty en 2014 y exhortamos a la comunidad
internacional a considerar con espíritu crítico las necesidades y los desafíos
especiales que afrontan los países en desarrollo sin litoral y ayudar a
establecer las prioridades de un marco más integrado y orientado hacia la
acción común en favor de los países en desarrollo sin litoral para el próximo
decenio.
229. Reconocemos que los
países de ingresos medianos siguen afrontando importantes desafíos en materia
de desarrollo y subrayamos que, a pesar de los recientes progresos logrados y
los esfuerzos realizados por los países de ingresos medianos, el 75% de los
pobres del mundo vive en esos países. La consecución de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, así como el logro del pleno empleo y la creación de puestos de
trabajo para los jóvenes, la diversificación de sus economías y el desarrollo
de las tecnologías siguen planteando enormes dificultades para los países de
ingresos medianos. Hacemos hincapié en la creciente solidaridad y el papel
desempeñado por los países de ingresos medianos en el ámbito de la cooperación
Sur-Sur en apoyo de las iniciativas de desarrollo de otros países en
desarrollo. Observamos también los resultados de la conferencia de alto nivel
de los países de ingresos medianos, organizada por Costa Rica y la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en junio de 2013.
230. Subrayamos la
necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo se
asegure de que aborda las distintas necesidades de los países de ingresos
medianos en materia de desarrollo de una forma coordinada por medios como una
evaluación precisa de las prioridades y necesidades nacionales de esos países,
teniendo en cuenta la utilización de variables que vayan más allá de los
criterios relativos a los ingresos per capita y reconociendo la naturaleza
multidimensional del desarrollo y de la pobreza y a través de un apoyo
adecuado, sistemático y mejor enfocado, de conformidad con los planes
nacionales.
231. Reiteramos nuestro
llamamiento para que Israel, la Potencia ocupante, se retire total e
inmediatamente del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y
del Golán sirio ocupado hasta la línea existente el 4 de junio de 1967, así
como del resto de territorios ocupados del Líbano. Reafirmamos nuestro apoyo a
un proceso de paz en el Oriente Medio orientado a lograr una paz amplia, justa
y duradera en la región, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones del Consejo de Seguridad 242
(1967), 338 (1973), 425 (1978) y 1850 (2008) y el principio de territorio por
paz. En este contexto, también reafirmamos nuestro apoyo a la Iniciativa de Paz
Árabe, aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes en marzo de
2002.
232. Hacemos hincapié en la
necesidad de la pronta realización por el pueblo palestino de su derecho a la
libre determinación y a la independencia de su Estado de Palestina a fin de
hacer posible la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en pro de la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que tienen
derecho todos los pueblos. Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos del pueblo
palestino por lograr la independencia y, a ese respecto, celebramos el hecho de
que el 23 de septiembre de 2011 el Estado de Palestina presentara la solicitud
de ingresar en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, y observamos
la aprobación por la Asamblea General de la resolución 67/19, de 29 de
noviembre de 2012, en que concedió a Palestina la condición de Estado
observador no miembro en las Naciones Unidas. Seguimos prestando apoyo al
proceso de admisión del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de
las Naciones Unidas lo antes posible. Recordamos que 2014 fue declarado Año
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
233. Condenamos la
continuación de la ocupación militar israelí del territorio palestino, incluida
Jerusalén Oriental, y las actividades ilegales que lleva a cabo la Potencia
ocupante, que siguen provocando víctimas civiles, penurias socioeconómicas y
humanitarias y destrucción de bienes, infraestructura y tierras agrícolas
palestinos, y socavan la contigüidad, la unidad y la integridad del territorio.
234. Expresamos nuestra
profunda preocupación por el empeoramiento de las condiciones sociales y
económicas del pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza asediada,
como consecuencia de las prácticas ilegales de Israel, como la construcción de
asentamientos y del muro y la imposición de un bloqueo y de cientos de puestos
de control. Exhortamos a Israel, la Potencia ocupante, a que cese de inmediato
todas las medidas ilegales que obstaculizan la economía y el desarrollo de
Palestina, en particular, el bloqueo inhumano e ilegal impuesto a la Franja de
Gaza y las restricciones impuestas a la circulación de personas y bienes,
incluido el comercio en todo el Territorio Palestino Ocupado, con destino a él
y desde él, y a que pague indemnizaciones por todos los daños causados a las
propiedades, instituciones e infraestructura palestinas. Reiteramos nuestro
llamamiento a la comunidad internacional para que durante este período crítico
siga prestando al pueblo palestino la asistencia humanitaria y para el
desarrollo que tanto se necesitan, especialmente para las labores de
reconstrucción y la recuperación económica en la Franja de Gaza.
235. Reafirmamos los
derechos inalienables del pueblo palestino y de la población del Golán sirio
ocupado sobre sus recursos naturales, incluidos la tierra, el agua y los
recursos energéticos, y exigimos que Israel, la Potencia ocupante, deje de
explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del
Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio
ocupado.
236. Reafirmamos la
necesidad de que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden sus
negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de
las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a
fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa
de soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas, que perjudica
gravemente la capacidad económica de la Argentina, y la necesidad de que ambas
partes se abstengan de tomar decisiones que entrañarían la introducción de
modificaciones unilaterales de la situación mientras las islas se encuentran en
medio del proceso recomendado por la Asamblea General.
237. Reafirmamos la
necesidad de encontrar una solución pacífica a las cuestiones de soberanía que
afrontan los países en desarrollo, entre otras la disputa relativa al
archipiélago de Chagos, incluida la isla Diego García, que el Reino Unido
arrancó ilegalmente del territorio de Mauricio antes de su independencia, en
violación del derecho internacional y de las resoluciones 1514 (XV), de 14 de
diciembre de 1960, y 2066 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea
General. De no resolverse estas cuestiones en materia de descolonización y
soberanía, el desarrollo y las capacidades y perspectivas económicas de los
países en desarrollo se verían gravemente perjudicados y menoscabados. A este
respecto, pese a la firme oposición de Mauricio, el Reino Unido pretendió
establecer una “zona marina protegida” alrededor del archipiélago de Chagos, lo
que vulnera el derecho internacional y dificulta aun más el ejercicio por parte
de Mauricio de sus derechos soberanos sobre el archipiélago y el derecho de los
ciudadanos mauricios que fueron desplazados a la fuerza por el Reino Unido a
volver al archipiélago.
238. Tomamos nota de la
Declaración de la Habana, aprobada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014.
239. Reafirmamos nuestro
firme rechazo a la imposición de leyes y reglamentos con un efecto
extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas,
incluidas las sanciones unilaterales contra países en desarrollo, y reiteramos
la urgente necesidad de eliminarlos inmediatamente. Recalcamos que esas medidas
no solo socavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y
el derecho internacional, sino que además constituyen una grave amenaza para la
libertad de comercio e inversión. Por consiguiente, instamos a la comunidad
internacional a que adopte medidas urgentes y eficaces para impedir la
aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales en contra de los
países en desarrollo.
240. Expresamos nuestro
rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países
desarrollados y que afectan a los países en desarrollo, en particular las
referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar
carácter.
241. Reiteramos nuestro
llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos de América, formulado en la
segunda Cumbre del Sur, organizada por el Grupo de los 77 y China y celebrada
en Doha en 2005, a que ponga fin al embargo económico, comercial y financiero
contra Cuba que, además de ser unilateral y contrario a la Carta de las
Naciones Unidas, al derecho internacional, así como al principio de vecindad,
causa grandes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo de Cuba.
Instamos al estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General
acerca de este asunto. También tomamos nota que en la Declaración de La Habana
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños reafirmaron su más profundo rechazo a la aplicación de medidas
coercitivas unilaterales y reiteraron una vez más su solidaridad con Cuba, al
tiempo que reafirmaron su llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos a que
pusiera fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone a dicha
nación hermana desde hace más de cinco décadas. Rechazaron la inclusión de Cuba
en la denominada lista de Estados que promueven el terrorismo publicada por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos y solicitaron que se pusiera fin a
esa práctica unilateral.
242. Reafirmamos nuestro
rechazo a las sanciones económicas unilaterales impuestas contra el Sudán, que
tienen efectos negativos sobre el desarrollo y la prosperidad del Sudán, y a
este respecto pedimos el levantamiento inmediato de dichas sanciones.
Fuente: ABI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario