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| Una encuesta de Ipsos en las nueve capitales, 14 ciudades intermedias, y 34 comunidades del àrea rural señala que el Presidente subiò de 48 a 59% de apoto. |
Cada día que va pasando el gobierno de
Evo Morales da señales de lucha frontal a la corrupción de la administración
pública. Así lo señala el reciente caso desatado sobre la banda de extorsionadores
que habían operado en la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios
de la Presidencia y Gobierno. El pus saltó y salpicó a muchos… que caiga el que
tiene que caer.
Este hecho, una vez salida a la luz pública, los
buitres políticos inmediatamente lo mediatizaron, como siempre, para hacer
escarnio a la gestión del partido en función de gobierno. Cuando ellos tienen
el conocimiento de que esa práctica delincuencial se lleva en las entrañas del
Estado, que en algún momento lo fomentaron y se sirvieron de ella para hacer
fortuna. Y ahora se rasgan las vestiduras, ¡qué contradictorio!
Pero lo jocoso de la situación es que algunos del
oficialismo como los de la oposición salieron a buscar cámaras para “decir” que
en algún momento fueron extorsionados por éstos malos funcionarios –Fernando
Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya–, que hoy rinden cuentas a la
justicia. Entre ellos están, por ejemplo, Ernesto Suárez, ex gobernador de Beni,
suspendido por actos de corrupción y que no puede huir del país; los del caso
terrorismo y separatismo; los del caso Sanabria, entre otros más.
Ahora bien, si eso realmente fue así, por qué no
denunciaron en su momento, por qué callaron, por qué ahora y en esta coyuntura…
La respuesta es sencilla: siguen con la campaña de desprestigio al Presidente.
Lo que queda ahora es barrer con todo funcionario
público de vieja guardia porque son los silenciosos operadores de la derecha desestabilizadora
que trabajan sigilosamente para quebrar la imagen del Proceso de Cambio, en complicidad
con los medios masivos de información privados.
Esa suerte deben correr también aquellos nuevos funcionarios
con uñas largas, que a nombre del Proceso
ocuparon cargos en el gobierno actual. Porque estos no son calificados para
este momento histórico en que vivimos los bolivianos y bolivianas.
Lo que debería hacer el Gobierno es empezar a
cualificar la administración pública con sangre nueva, con profesionales que
apuestan al progreso y desarrollo del país; esto no quiere decir que los llene
con partidarios, que son casi o peores que los denunciados.

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