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El ministro Romero asegura que los conflictos que se
registran actualmente en el país no ponen en cuestionamiento la gestión del
gobierno de Evo Morales.
— ¿Cómo evalúa este mes y
más de conflictos que se registran por parte de varios sectores sociales?
— Primero, no son
conflictos de orden estructural, es decir, (esos sectores) no están poniendo en
cuestionamiento el tipo de Estado vigente ni el modelo de desarrollo
económico que se viene aplicando; son más bien reivindicaciones sectoriales y
corporativas. Esto impide cualquier posibilidad de proyección potencial del
conflicto a provocar una crisis de gobernabilidad.
— ¿Se trata de demandas
sectoriales con fines políticos?
— Generar una crisis de
Estado es a lo que hubiera apuntado, inicialmente, la oposición, que
estratégicamente ha tratado de coadyuvar y que los conflictos se
sincronicen en el tiempo. En segundo lugar, estos conflictos no tienen como
factor de confluencia una articulación de intereses estratégicos afines.
— ¿Qué análisis hace de
las demandas del sector Salud?
— Me he permitido señalar
que hay una desubicación histórica en la interpretación de la problemática por
parte de la COB, porque el Gobierno ha reivindicado un derecho legítimo,
sensible, fundamental y favorable al conjunto de la población boliviana, como
es el derecho a la salud; el Gobierno aparece abanderando una reivindicación popular
y la COB aparece defendiendo algunos intereses corporativos de un solo sector.
De algún modo, eso hace perder perspectiva integral al bien social y subordina
lo corporativo al interés general de la población que aspira tener un mejor
servicio en la prestación de salud.
— ¿Qué ocurre con la
demanda salarial del sector trabajador?
— La demanda salarialista
aparece subordinada a la movilización y la problemática de los médicos; no es
una movilización articuladora de movimientos sociales, sino es una que
básicamente se subordina al protagonismo y a la reivindicación de los
trabajadores de salud, de tal modo que pierde fuerza su reivindicación salarial
y pasa a segundo plano.
— ¿La demanda es
sostenible?
— Es muy poco sostenible
porque una propuesta de cálculo salarial sobre la base de la metodología de la
canasta familiar no ha sido sustentada técnicamente con relación a la
sostenibilidad de la demanda; entonces, le resta capacidad discursiva.
— ¿Qué ocurre con la nueva
movilización de indígenas del TIPNIS?
—La movilización de la
Cidob se presenta en otro contexto. La marcha del año pasado era una
movilización estructural y que puso en debate el modelo de desarrollo que
planteaba, incluso, nuevos paradigmas de gestionamiento de la Amazonía. No es una
movilización que legítimamente articula a las organizaciones indígenas de
tierras bajas, sino se restringe básicamente a la dirigencia de la Cidob y a la
Subcentral del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).
— Entonces, ¿la movilización
no tiene una representatividad?
— No involucra las
12 organizaciones regionales afiliadas en torno a la Cidob y eso la debilita en
términos discursivos y de capacidad movilizadora, y de plataforma
reivindicativa; su plataforma es abstracta, restringida a oponerse al derecho
de consulta, y eso resulta al mismo tiempo paradójico porque el derecho de
consulta, de acuerdo con la jurisprudencia de Colombia y Canadá, es un derecho
que funda el desarrollo de otros derechos colectivos indígenas. La consulta es
un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas; así se
establecen compromisos de desarrollo en favor de las comunidades, y las
comunidades, al mismo tiempo, toleran iniciativas estatales y las enmarcan en
función de la salvaguarda de sus intereses y derechos.
— ¿No tiene razón de ser?
— La movilización se
sincroniza en el tiempo, pero es muy heterogénea en cuanto a intereses,
carácter y su línea discursiva; los actores involucrados tienen sus propias
contradicciones internas también. Si bien es una movilización que ha tenido
como mérito mantener una temporalidad continua en el desarrollo de sus acciones
colectivas, no es una movilización que ponga en riesgo la gobernabilidad ni la
estructura estatal.
— ¿Y el conflicto del transporte?
— Ése es un conflicto
local y la Alcaldía tiene la potestad de reordenar las condiciones de
prestación del servicio de transporte público, pero ahora ellos (los choferes)
se quejan de que no se ha consensuado la medida. Ante esa situación, el Gobierno
nacional ofreció, a través de mi autoridad, la total predisposición a poder
favorecer escenarios de diálogo y coadyuvar en la solución del conflicto, pero
no tuvimos una respuesta positiva por parte del alcalde (Luis Revilla). En
definitiva, es una movilización que afecta a un sector, que tiene una
estructura organizativa muy fuerte, pero al mismo tiempo no goza de la simpatía
ciudadana.
— ¿Quién se desgastó más,
el Gobierno o esos sectores?
— Han generado malestar en
la población, sobre todo en la de La Paz, que está cansada de los permanentes
bloqueos. Éstos han develado también una actitud de sobrecorporativización de
la acción colectiva de algunos gremios; hay una pérdida de visión estratégica
en relación con el carácter del proceso que vive el país y el carácter de las
movilizaciones. Ése es un tema que debe ser debatido política e
ideológicamente.
— ¿Qué compete de aquí en
adelante para la solución?
— Tendremos que trabajar
mecanismos que garanticen el resguardo de los derechos de la gente. Yo me
permití en algún momento decir que hay que balancear cuándo un interés
colectivo se antepone a un interés general y cómo se debe gestionar uno y otro
tema; en este caso, las movilizaciones han generado molestia en la ciudadanía
porque son acciones que manifiestan intolerancia, impostura en algunos casos,
que perjudican los derechos de los demás.
— ¿Y el Gobierno dónde
está?
—En estas circunstancias,
la gente le pide mayor autoridad al Estado y al Gobierno. Entonces, de algún
modo también nos interpela.
— ¿Cuáles serán las
consecuencias a mediano y largo plazo de las movilizaciones que se han dilatado
por tanto tiempo?
— La COB ha
debutado como comité ejecutivo en estas movilizaciones y no ha sido capaz de
generar un discurso, una propuesta, una visión estratégica que coadyuve a
profundizar el proceso de cambio; más bien se ha atrincherado en una
reivindicación estrictamente salarialista y eso le resta capacidad de liderazgo
y protagonismo político en el proceso que actualmente vive el país.
— ¿Y los indígenas del
TIPNIS?
— En el movimiento
indígena de tierras bajas hay una decantación sobre quiénes tienen algunas
ligazones políticas y quiénes han utilizado el mecanismo de la movilización
como una estrategia de potenciamiento de grupos de liderazgo, y las
organizaciones indígenas, regionalmente, han decidido posicionar su agenda
programática en la implementación del Estado Plurinacional.
— ¿El caso del sector
Salud?
— Se ha posicionado como
un problema estructural que merece un tratamiento integral. Se han visibilizado
varios intereses estratégicos en pugna y se ha agendado el
tratamiento. Los médicos quieren una cumbre para dialogar con ellos mismo y eso
no tiene ningún sentido; ahí tienen que estar los médicos, el Gobierno, los
gobiernos subnacionales y los representantes de los sectores sociales, porque
es la población que es la destinataria del servicio.
‘Todas
las movilizaciones tienen una fase de agotamiento’
— ¿Qué espera el Gobierno
para la resolución de los conflictos?
— El Ejecutivo siempre
está abierto al diálogo para resolver los conflictos y las movilizaciones
también tienen una fase de agotamiento, y ésa es una fase que tendrán
que valorar los dirigentes para saber administrar sus
movilizaciones. La estrategia de diálogo la
hemos manejado permanentemente.
— Usted siempre ha
participado en la mayoría de conflictos sociales, ¿cómo asume este tema en el
ámbito personal?
— Como un desafío para
escuchar siempre con mente muy abierta las distintas problemáticas que afectan
a los sectores y resolviendo de manera conjunta con un enfoque técnico que
sustente mayores posibilidades de gestionamiento de las demandas, pero, sobre
todo, con una actitud de unidad y tolerancia.
— ¿Se considera con el
carácter pertinente para llevar adelante las diferentes negociaciones?
— Hay que estudiar la
secuencia de un conflicto y entender la lógica de desarrollo y saber también
acomodar las condiciones de diálogo; cuando el escenario está muy polarizado,
hay que hacerlo con mucha paciencia, y en ese enfoque vamos a tener éxito.
— ¿Estas movilizaciones no
afectan la gobernabilidad?
— No, porque la
gobernabilidad queda afectada cuando las instituciones y las normas son
rebasadas por la acción fáctica. No estamos en esa situación.
— ¿Le afecta en lo
personal este tipo de conflictos?
— Uno se ve afectado,
porque hay que concentrar mucha energía, mucho tiempo y mucho esfuerzo en el
gestionamiento de estos conflictos. En el caso del Ministerio de Gobierno,
siempre tratamos que prime el diálogo antes que la administración de la
violencia para resolver las contradicciones y eso implica un esfuerzo mayor.
— ¿Esto rezaga la agenda
de gestión pública en temas de seguridad ciudadana o narcotráfico por atender
estos conflictos?
— Diría obstaculizadas, de
algún modo, porque no se le puede imprimir la dinámica que uno hubiera querido,
porque en gestión pública los tiempos son muy cortos; un año de gestión para un
ministro es casi equivalente a cinco años de vida profesional, entonces los
ritmos son intensos y esa velocidad se ha visto afectada.
Perfil
Nombre: Carlos G. Romero
Bonifaz
Nació: 23-08-66
Profesión: Abogado
Cargo: Ministro de
Gobierno
Confianza
Romero es uno de los
ministros más afines al presidente Morales; hasta la fecha se hizo cargo de
tres carteras de Estado y asegura que seguirá cumpliendo su labor enmarcado en
las leyes. Afirma que en todo momento debe primar el diálogo y la concertación.
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