Miércoles 8 de febrero de 2012
Luis Hernández Navarro
1)
Hace
6 años que ustedes gobiernan Bolivia. ¿Se ha avanzado realmente hacia la
descolonización del Estado? ¿Cómo caracterizar el modelo económico que se ha
puesto en práctica? ¿Es una expresión del socialismo el siglo XXI? ¿Es una
modalidad de posneoliberalismo?
La descolonización es
un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales
culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los
intereses, a las jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales
externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone
a la fuerza y con el tiempo se “naturaliza” inscribiendo la dominación en los comportamientos
“normales”, en las rutinas diarias, en las percepciones mundanas de los propios
pueblos dominados. Por tanto desmontar esa maquinaria de dominación requiere
mucho tiempo. En particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación
convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas. En Bolivia, el
hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas, mayoría
demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la brutalidad de la
invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el
propio sentido común de las clases dominantes y las clases dominadas, que
estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio, artesanos
informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados,
senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones,
máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.
Y no solo eso: las
formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena
contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleistica, de rotación tradicional
de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy
los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia.
Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda
gubernamental no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo
Monetario, del BID, de la Embajada norteamericana o europeas. Hoy los circuitos
del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas
indígenas, obreras y barriales. Los sujetos de la política y la
institucionalidad real del poder se ha trasladado al ámbito plebeyo e indígena.
Los llamados anteriormente “escenarios de conflicto” como sindicatos y comunidades,
hoy son los espacios del poder factico del Estado. Y los anteriormente condenados
a la subalternidad silenciosa, hoy son los sujetos decisores de la trama política.
Este hecho de la
apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas, de poder ser
agricultores, obreros, albañiles, empleadas pero también cancilleres, senadores,
ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e igualitaria acontecida
en Bolivia desde su fundación.”Indios en el poder”, es la frase seca y despectiva
con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe
de estos 6 años.
¿Como caracterizar el
modelo económico puesto en marcha?. Básicamente postneoliberal y de transición
postcapitalista. Se ha recuperado el control de los recursos naturales que
estaban en manos extranjeras, para colocarlas en manos del Estado dirigido por
el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía
eléctrica); en tanto que otros recursos como la tierra fiscal, el latifundio y los
bosques ha pasado a control de comunidades y pueblos indigeno‐campesinos.
Hoy el Estado es el
principal generador de riqueza del país y esa riqueza no es valorizada como
capital (“valor que se autovaloriza” Marx); es redistribuida en la sociedad a
través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además
del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y
la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor
de uso, por encima del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se
comporta como un “capitalista colectivo” propio del Capitalismo de Estado, sino
como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en
un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los
modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta
expansión de lo comunitario agrario y urbano, depositamos nuestra esperanza de
transitar por el postcapitalismo, sabiendo que también esa es una obra
universal y no de un solo país.
2)
¿Cómo
se ve desde Bolivia el proceso de integración regional? ¿Qué papel juegan
Estados Unidos y España? ¿Qué espacio tienen China, Rusia e Irán?
El Continente
latinoamericano está atravesando un ciclo histórico excepcional. Gran parte de
los gobiernos son de carácter revolucionario y progresista. Los gobiernos neoliberales
tienden a aparecer como retrógrados. Y a la vez, la economía latinoamericana ha
desplegado iniciativas internas que le están permitiendo afrontar de una manera
vigorosa los efectos de la crisis mundial. En particular la importancia de los
mercados regionales y la vinculación con Asia han definido una arquitectura económica
continental de nuevo tipo. Hay que apostar por profundizar esta articulación
regional y si es posible, por proyectarnos como una especie de Estado regional
de Estados y naciones. Comportarnos como Estado Regional en el ámbito del uso y
negociación planetaria de las grandes riquezas estratégicas que poseemos (petróleo,
minerales, litio, agua, agricultura, biodiversidad, industria semielaborada, fuerza
de trabajo joven y calificada..); e internamente, respetar la soberanía estatal
y las identidades nacionales regionales que tiene el continente. Solo así
podremos tener voz y fuerza propia en el curso de las dinámicas de
mundialización de la vida social.
3)
¿Hay
un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en
curso?
El gobierno
norteamericano nunca ha aceptado con las naciones latinoamericanas puedan
definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de
influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de acopio
de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque
colonial, coloca a la nación insurgente, en la mira de ataque. La soberanía de
los pueblos es el enemigo número uno de la política norteamericana. Eso ha
pasado con Bolivia en estos 6 años. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno
norteamericano ni contra el pueblo norteamericano. Pero no aceptamos que nadie,
absolutamente nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que
hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales
comenzamos a sentar las bases materiales de la soberanía estatal al
nacionalizar el gas; cuando rompimos con la vergonzante influencia de las
embajadas en las decisiones ministeriales; cuando definimos una política de
cohesión nacional enfrentando abiertamente las tendencias separatistas latentes
en oligarquías regionales, la embajada norteamericana no sólo apoyó financieramente
a las fuerzas conservadoras, sino que las organizó y dirigió políticamente, en
una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligo a expulsar al embajador
norteamericano y luego a la DEA. Desde entonces los mecanismos de conspiración
se han vuelto más sofisticados: se usan oeneges, se infiltran a través de terceros
en las organizaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el
campo popular, como quedó recientemente demostrado mediante el flujo de
llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha
del TIPNIS, el año pasado.
En todo caso,
nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también estamos
atentos a repeler las intervenciones extranjeras de “alta” o “baja” intensidad.
4)
Desde
algunos sectores de izquierda se ha señalado que el bloque conservador ha
logrado rearticularse y tomado la ofensiva, mientras que el movimiento social
que llevó al MAS al poder ha sido absorbido por la política institucional. ¿Es
esta apreciación correcta?
Hoy, el bloque
conservador, de oligarquías extranjerizantes no tiene un proyecto alternativo
de sociedad capaz de articular una voluntad general de poder. El horizonte de
la actual política boliviana está marcada por un trípode virtuoso: la Plurinacionalidad
(pueblos y naciones indígenas al mando del Estado); la Autonomía (desconcentración
territorial del poder), y la Economía Plural (coexistencia articulada por el
Estado de diversos modos de producción).
Derrotado
temporalmente el proyecto neoliberal de economía y sociedad de la derecha, lo
que hoy caracteriza a la política boliviana es la emergencia de “tensiones creativas”
al interior del mismo bloque nacional‐popular
en el poder. Pasados los grandes momentos de asenso de masas, donde se construyó
el ideario universal de las grandes transformaciones (nacionalización de los
recursos naturales, gobierno indígena, asamblea constituyente,
industrialización….), el movimiento social vive en algunos casos un proceso de
repliegue corporativo. Tienden a prevalecer por momentos intereses locales por
encima de los nacionales; o las organizaciones se enroscan en pugnas internas
por el control de cargos públicos. Pero también emergen nuevas temáticas no
previstas sobre cómo conducir el proceso revolucionario. Es el caso del tema de
la defensa de los derechos de la madre tierra, tensionados con la exigencia
también popular, de industrializar los recursos naturales.
Como se ve, se trata
de contradicciones al interior del pueblo, tensiones que someten a debate
colectivo el modo de llevar adelante los cambios revolucionarios. Y eso
es sano, es democrático y es el punto de apoyo de la renovación vivificante de
la acción de los movimientos sociales. Aunque también se tratan de
contradicciones que podrían ser usadas por el imperialismo y las fuerzas de
derecha agazapadas que de modo ventrílocuo y travestido, proyecten sus
intereses de largo plazo, a través de algunos sujetos populares y de discursos
aparentemente altermundistas y ecologistas.
5)
En
septiembre del año pasado, la Marcha de los pueblos indígenas en defensa del El
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en contra de la
construcción de una carretera fue reprimida por la policía. El hecho fue
presentado ante la opinión pública como la pérdida de apoyo indígena del
gobierno de Evo Morales. Se afirmó que el gobierno boliviano se empecinó en
construir la carretera porque había recibido apoyo económico de la empresa
petrolera brasileña Petrobras (OAS).
La población indígena
en Bolivia, al igual que en Guatemala es mayoritaria respecto al resto de los
habitantes. El 62% de los bolivianos son indígenas. Las principales naciones indígenas
son la Aymara y la Qhechua, con cerca de 6 millones de personas ubicadas principalmente
en el altiplano, los valles, las zonas de yungas y también en tierras bajas.
Otras naciones indígenas son los Guaraníes, Moxeños, Yuracares, Chiman, Ayoreos
y otras 29 naciones que habitan la amazonia, la chiquitania y el chaco en tierras
bajas. La población total de estas naciones de tierras bajas se estima entre 250.000
a 300.000 habitantes en total todas juntas.
El conflicto sobre el
TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas de tierras bajas, manteniéndose
el apoyo de los indígenas de tierras altas y valles, que son el 95% de la población
indígena de Bolivia. Y de los indígenas movilizados, la mayor parte eran dirigentes
de otras zonas que no son precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un
apoyo sistemático de organismos no gubernamentales ambientalistas, varias de ellas
financiadas por USAID, además del respaldo de las principales redes de comunicación
televisiva privada, de propiedad de viejos militantes de la oligarquía separatista,
y con amplia influencia en la construcción de la opinión pública de clase media.
Las divisiones internas son tan variadas, que estos días ha llegado a La Paz
otra marcha, también de indígenas de tierras bajas, y con mayor presencia de indígenas
del TIPNIS, que demandan la construcción de la carrtera por el parque,
argumentando que no es posible que se los margines de los derechos a la salud,
educación y transporte a los que hoy solo pueden acceder después de días de
caminata.
Ciertamente el
problema es complejo. Están entremezclados temas propios del debate revolucionario,
como el del difícil equilibrio entre el respeto a la madre tierra y la necesidad
urgente de vincular al país después de siglos de devertebración aislacionista de
regiones. Está el debate entre la relación orgánica y el liderazgo de los
pueblos indígenas de tierras altas (Aymaras y Qhechuas) en el Estado
Plurinacional, diferente a la relación aun ambigua con el Estado Plurinacional
por parte de los pueblos indígenas de tierras bajas, ya sea por su dispersión
territorial, su débil presencia demográfica, la propia ausencia de experiencia
estatal propia pre‐colonial, o la aun
predominante presencia de relaciones de subordinación a los hacendados locales
que limitan la experiencia de la soberanía social, imprescindible para una
relación orgánica con el Estado.
Pero también está de
por medio, la estrategia de la oligarquía regional cruceña de impedir esa
carretera que desvincularía la actividad económica de toda la amazonia (el Beni)
de su control empresarial. Está el interés norteamericano de resguardar la amazonia
como SU reservorio de agua y biodiversidad, y el de promover divisiones al interior
de los liderazgos indígenas para crear condiciones para la expulsión de los indígenas
del poder estatal. Está el interés de algunas oeneges ambientalistas acostumbradas
a hacer grandes negocios privados con los parques, o con la vihabilización de
obras en esos parques.
En todo caso, en
medio de esta trama de interés, como gobierno tenemos que tener la capacidad de
resolver democráticamente las tensiones internas, y de develar y neutralizar
los intereses contrarrevolucionarios que muchas veces se viste de ropaje pseudorevolucionario.
6)
¿Por
qué construir esa carretera a pesar de la oposición de una parte de la
población?
Por tres motivos. El
primero para garantizar a la población indígena del parque el acceso a los
derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los niños no se
mueran de infecciones estomacales. Escuelas con profesores que enseñen en su idioma
preservando su cultura y enriqueciéndola con las otras culturas. Acceso a mercados
para llevar sus productos sin tener que navegar en balsas una semana para vender
su arroz o comprar sal 10 veces más cara que en cualquier tienda de barrio.
El segundo motivo, la
carretera permitirá vincular por primera vez la amazonia, que es una tercera
parte del territorio boliviano, con el resto de las regiones de los valles y altiplano.
Después de 185 años de existencia estatal, Bolivia mantiene aislada a la tercera
parte de su territorialidad, lo que ha permitido que la soberanía del Estado
sea sustituida por el poderío del patrón de hacienda, del maderero extranjero o
el narcotraficante.
Y el tercer motivo,
es de carácter geopolítico. Las tendencias separatistas de la oligarquía, que
estuvieron a punto de dividir Bolivia el año 2008, fueron contenidas porque se
las derrotó políticamente durante el golpe de Estado de septiembre del 2008, y
porque parte de su base material, la agroindustria fue ocupada por el Estado, lo
que debilitó la fuerza económica de sus acciones. Sin embargo, hay un último
pilar económico que mantiene en pie a las fuerzas retrogradas de tendencias
separatistas: el control de la economía amazónica que para llegar al resto del
país, obligatoriamente tiene que pasar por el procesamiento y financiación de
empresas bajo control de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una
carretera que vincule directamente la amazonia con los valles y altiplano, reconfiguraría
radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material
final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geo‐economico al Estado, Sud‐Norte, que garantizaría equilibrios
regionales de amplia cohesión territorial, tan indispensables para un Estado
que a lo largo de su existencia ha vivido asfixiado por cercenamientos externos
y faccionalismo territoriales internos. Lo paradójico de todo esto, es que la
historia haya colocado a algunos izquierdistas como los mejores y más locuaces
defensores de los intereses más conservadores y reaccionarios que tiene el
país.
7)
Se
ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el
mercado internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos
analistas han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es esto
cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una
redistribución de la renta?
Ni el extractivismo
ni el no‐extractivismo, ni el
industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotación y la
desigualdad. En si mismos, no son ni modos de producir ni modos de gestionar la
riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y
dependiendo de cómo se use esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la
riqueza así producida, se podrá tener regímenes económicos con mayor o menor justicia,
con explotación o son explotación del trabajo.
Los críticos del
extractivismo confunden el sistema técnico con el modo de producción, y sobre
esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que hay sociedades
no‐extractivistas, bajo
la forma de industriales, plenamente capitalistas. Puede haber sociedades
extractivistas capitalistas, como no capitalistas, pre capitalistas, post
capitalistas. E igual, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas,
no capitalistas, post‐capitalistas.
El extractivismo no
es un destino; puede ser un punto de partida para su superación. Ciertamente en
el extractivismo se condensa toda una distribución territorial de la división
del trabajo mundial, distribución colonial. Pero para romper esa subordinación colonial
no es suficiente llenarse la boca de injurias contra el extractivismo, dejar de
producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha
y mediante el extractivismo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de
la población. Esta es precisamente la trampa conservadora de los críticos del extractivismo.
En su liturgia conservacionista, mutilan a las fuerzas revolucionarias y a los
gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las
necesidades de la población, para generar riqueza y distribuirla con justicia,
y crear sobre ello una nueva base material no extractivista que preserve y amplíe
los beneficios de la población laboriosa.
Como toda
emancipación, la emancipación del extractivismo tiene que partir de él, pues es
el único medio técnico que se dispone hoy, ahora; para con ello distribuir la riqueza
material pero de otra manera a la precedente. De esta manera, inicialmente se satisface
necesidades urgentes de la población, se elevan los beneficios sociales de las clases
laboriosas y se crean las condiciones culturales, educativas y materiales para construir
un nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza no extractivista. No
es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es
reorientar el sentido de la producción, sin olvidar sin embargo que hoy hay que
satisfacer también las necesidades básicas apremiantes que precisamente han
llevado a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Eso es lo
que estamos haciendo en Bolivia.
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