La Paz, 29 sep.- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia condenó el jueves el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza policial, en la intervención a la marcha indígena que se opone la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y saludó las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, quien repudió los excesos de violencia y pidió disculpas a las víctimas a nombre de su Gobierno.
Según un comunicado de prensa de esa organización multilateral, "condena el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza policial en el operativo para dispersar a aproximadamente mil miembros de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía".
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU saluda las declaraciones del Presidente boliviano, quien repudió los excesos y los abusos de la Policía contra los marchistas de los pueblos indígenas y convocó a conformar una comisión, nacional e internacional, para una investigación exhaustiva, que conduzca a la identificación y sanción de los responsables.
"Asimismo, el Presidente dispuso suspender la realización de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo proyecto prevé atravesar el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), hasta reanudar el diálogo y realizar consultas amplias. La ONU saluda, además, que el Presidente pidió disculpas y perdón a las víctimas a nombre de su Gobierno", señala el documento.
La Oficina de la ONU recuerda a las autoridades su obligación de proteger a toda persona, de cualquier forma de violencia y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de manifestarse libremente, de forma pacífica.
En ese marco, dice que es importante el respeto el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, "conducida de buena fe y por medio de las organizaciones representativas".
A su juicio, por medio de la consulta la población dará su consentimiento libre, previo e informado, antes de la aprobación y la aplicación de medidas legislativas o administrativas que afecten a territorios y otros recursos.
Asimismo, reitera a las autoridades competentes y a los líderes de los pueblos indígenas su llamado al diálogo, para encontrar bases de acuerdos duraderos, al ofrecer su disponibilidad para proveerles asistencia técnica con el objeto de que logren consensuar los procedimientos más idóneos para hacer efectivos los derechos humanos de los pueblos indígenas. (ABI)
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