La destitución del ex presidente Fernando Lugo en Paraguay fue
concretada. En los últimos años fueron varios los intentos infructuosos
de juicio político para sacar al presidente electo.
La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar
ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty
fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución de Lugo.
El Congreso y el Senado dominados por los partidos tradicionales
Colorado (derechista) y Liberal (centroderecha) hicieron la demanda y la
sentencia en tiempo récord. En tiempo récord el Senado fue convocado
para dictar una ya sentencia anunciada acusando políticamente al
Presidente por “complacencia con la agitación agrícola y fomentar la
lucha de clases”.
En total, menos de 36 horas para derrocar a Lugo y sustituirlo por su vicepresidente, Federico Franco, del partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.
Los Gobiernos progresistas en América Latina comparten, con diferentes
grados e intensidades, una agenda regional “posneoliberal” de
recuperación de la soberanía nacional e integración regional, inclusión
de las mayorías subordinadas y lucha contra la pobreza y las
desigualdades.
Se trata por lo general de ejecutivos salidos de crisis políticas
prolongadas y que llegan al poder como catalizadores de una esperanza de
las clases subalternas en una relativa dicotomización de las opciones
políticas. No obstante, esta irrupción plebeya se topa de inmediato con
la resistencia de lo que podemos llamar ‘contrapoderes oligárquicos’ en
el Estado: las instituciones de carácter contramayoritario, la
estructura liberal heredada o los dispositivos de la sociedad civil que,
a pesar de haber quedado en el pasado fuera del espacio formal de la
política —o quizás precisamente por eso—, intervienen con un poder
decisivo en su proceso como es el caso de los medios de comunicación
privados, las cámaras empresariales o gremios u organizaciones sociales.
Enmarcados en esa conflictividad que se libra en el interior del Estado
como campo de disputa, se han producido en los últimos años diversos
intentos de desestabilización, destitución y restauración oligárquica en
varios países latinoamericanos: los intentos fallidos de Venezuela
2002, Bolivia 2008, y Ecuador 2010; los golpes exitosos de Honduras 2009
y Paraguay 2012.
¿Cuál es la lectura en Latinoamérica de estos golpes? Se trata de
movimientos que modifican la geopolítica regional en plena transición
mundial. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue desintegrada gracias a
la irrupción de la Unión Europa, que forzó la ruptura del bloque
firmando tratados de libre comercio con Perú y Colombia. La derecha se
alinea en la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con
quienes Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de libre comercio.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se disputa
la hegemonía en América Latina hasta ahora en manos de la OEA. Y en
medio de todo esto, Unasur como gran arbitro regional y principal
espacio de entendimiento.
Los poderes económicos paraguayos, muy concentrados en la
agroexportación y en los oligopolios importadores, no estaban por la
labor de ningún cambio de sus ventajas comparativas acumuladas
originariamente. Por eso no querían que Venezuela ni Ecuador entraran en
el Mercosur.
El modelo de la oligarquía paraguaya no es el de la integración
regional, sino el de los acuerdos comerciales típicos de una economía de
base estrecha, que descansa en la exportación de la carne y soya, y en
la importación de la base material y financiera para el creciente
consumo.
El nuevo “golpismo blando” sigue un patrón que difiere de los golpes
militares tradicionales, y en el que los poderes conservadores provocan o
se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran
la correlación de fuerzas en el Estado. En estos procesos, la violencia
reaccionaria nunca está ausente, pero juega sólo un papel auxiliar
comparada con la de los medios de comunicación empresariales como
generadores de la narrativa de la crisis, de la representación del
Gobierno como “aislado” pese a contar con un apoyo popular mayoritario.
Por Iñigo Errejón y Alfredo Serrano
Cambio, 27 de junio, 2012
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