SUCRE, Bolivia.- El fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres, aseguró ayer que no existe ninguna denuncia sobre la muerte o desaparición de personas como consecuencia de la intervención policial al campamento de marchistas indígenas en las cercanías de Yucumo, el domingo.
“No se tiene ningún informe al respecto (sobre la muerte de algún marchista indígena) ni denuncia específica de ningún ciudadano presentada ante los fiscales del Distrito del Beni o ante el fiscal Orlando Riveros, con quien nos hemos comunicado y quien está en Rurrenabaque”, explicó.
La autoridad del Ministerio Público informó que una comisión compuesta de fiscales y peritos forenses, encabezada por el fiscal de Recursos Orlando Riveros, se encuentra en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones preliminares sobre la represión violenta de la Policía a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), quienes se oponen a la construcción de una carretera por esa área protegida.
“Precisamente la investigación determinará si hay o no hay desaparecidos, quiénes son. Esta investigación preliminar ha comenzado su trabajo justamente con la comisión del Ministerio Público que se ha trasladado hasta el lugar de los hechos”, mencionó Uribe.
La máxima autoridad del Ministerio Publico instruyó el martes a los especialistas Jorge Melgarejo, Leonardo Flores Pita y los médicos forenses Guillermo Humeres, Franklin Vargas, peritos especializados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), constituirse en Beni y ponerse bajo la dirección funcional del Fiscal de Distrito de ese departamento y los fiscales de Materia asignados al caso.
El objetivo de la comisión especial de fiscales y peritos del IDIF es realizar labores periciales de registro fotográfico, planimetría y otros, que se les sea encomendados, en el marco de las normas que rigen la labor del Ministerio Público y, de manera especial, comprobar el estado de salud de las posibles víctimas de los hechos de violencia.
El Fiscal General aseguró que la investigación, en el marco del proceso penal abierto por los hechos violentos del 25 de septiembre, implicará a todos los funcionarios policiales y de Gobierno que hayan tenido que ver con la represión y vejación de los derechos humanos de los indígenas marchistas.
Uribe señaló que las acciones asumidas por la Fiscalía General del Estado se enmarcan en el firme compromiso de la defensa del Estado constitucional de derecho y la protección a los derechos y garantías de todos los bolivianos y bolivianas, con el único afán de contribuir a la estabilidad democrática en el país.
La intervención policial al campamento de los marchistas indígenas provocó el rechazo de la ciudadanía y los partidos políticos de oposición se apropiaron de ello.
El Jefe de Estado, tras la violenta represión policial, decidió suspender la construcción del tramo II de la carretera.
DATOS
• Medios de comunicación informaban el domingo de la existencia de un bebé y un anciano muertos tras la intervención policial a la marcha de los indígenas de tierras bajas.
• El presidente Morales pidió a los medios que hablaron de fallecidos que presenten los cuerpos.
• Una comisión especial de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar de los hechos para investigar lo sucedido.
Pueblo chiquitano niega que haya algún fallecido
Lázaro Tacoo, dirigente del pueblo chiquitano, descartó ayer la existencia de marchistas indígenas de tierras bajas muertos o desaparecidos.
“No tenemos confirmación de que haya muerto algún compañero marchista o haya desaparecidos, yo quiero pedirles a los medios de comunicación que no pueden mentir de esa manera, no pueden desprestigiar autoridades de esa manera”, expresó.
El dirigente chiquitano manifestó que los medios de comunicación que incurrieron en mentiras de esa naturaleza “tengan la valentía de hacer el desmentido correspondiente y asuman sus responsabilidades”.
Por su parte, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Mario Vidal, pidió a los medios no emitir informaciones irresponsables que confunden a la población. (Cambio)
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